El primer gran incendio del verano quema 550 hectáreas en Cuenca

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EFE | CUENCA
Actualizado Lunes, 22-06-09 a las 02:05

Un incendio que se declaró en la tarde del sábado en Fresneda de Altarejos (Cuenca) ha afectado ya a una superficie de unas 550 hectáreas, de las cuales más de la mitad son forestales y el resto de cereal, según las estimaciones de la1 Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.
El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha explicado hoy en Cuenca que el incendio aún no ha sido controlado, aunque ha podido ser perimetrado gracias a las labores que han estado desarrollado a lo largo de toda la noche cinco equipos de maquinaria pesada, en los que han trabajado 90 personas.
Ha añadido que una vez que se ha perimetrado gran parte de la zona afectada, las primeras estimaciones sitúan la superficie quemada en unas 550 hectáreas, de las cuales unas son 300 de zona forestal y 250 de cultivos agrícolas, básicamente cereal.
Martínez Guijarro ha indicado que se ha confirmado que el incendio se originó hacia las 16:10 horas de la tarde de ayer, por la chispa que saltó de una cosechadora.
En estos momentos están trabajando siete retenes helitransportados, seis retenes terrestres, ocho autobombas, una patrulla móvil, cuatro aviones de carga en tierra, ocho helicópteros, dos aviones anfibios, un helicóptero Kamov, dos aviones de coordinación, cinco máquinas pesadas y dos camiones nodriza, con un total de 140 personas.
El incendio está catalogado como de "nivel 1", porque permanece cortada al tráfico la carretera comarcal CU-V-7042 que une la carretera N-420 (Córdoba-Tarragona) con el municipio de Altarejos.
Con esta medida se quiere garantizar la seguridad en el tráfico rodado, porque la carretera está situada en la mitad de la zona del incendio y hay mucho movimiento de vehículos y maquinaria en la zona, ha indicado el consejero de Agricultura.
Por otra parte, ha informado de que la principal complicación a la hora de combatir el fuego es que se ha producido en una zona en la que hay tierras cultivo en el interior del monte en las que el cereal aún no estaba cosechado, lo que provocó la rápida extensión de las llamas.
Se trata de la zona de "La Mojonera", situada en el término municipal de Fresneda de Altarejos, cerca de Barbalimpia, una pedanía del municipio de Villar de Olalla.
En la tarde de ayer también hubo un fuerte viento, que era cambiante por las propias turbulencias que provocaba el incendio, "lo que complicaba aún más el control del siniestro dentro de lo que era la zona de cereal", ha señalado Martínez Guijarro.
Ha advertido además que la zona oeste es muy escarpada, lo que ha dificultado las labores de la maquinaria pesada, aunque las máquinas pudieron pasar por una antigua senda, con ayuda de algunos vecinos de Fresneda de Altarejos, para hacer los cortafuegos que se han habilitado a lo largo de la noche.
El viento hizo que surgieran varios frentes por la zona de cereal, que fue lo que más dificultó las labores y lo que generó más preocupación en los vecinos de Fresneda de Altarejos por la espectacularidad de las llamas.
En este sentido, Martínez Guijarro ha indicado que él mismo se desplazó a Altarejos junto el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Julio Magdalena, donde se reunieron con la corporación municipal y con los vecinos para trasladarles la información de primera mano.

Un Plan E para el sector forestal podría generar más de 300.000 empleos

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El Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid estima que una inversión pública en el sector forestal similar a la del Plan E generaría más de 300.000 empleos, sobre todo en el sector público.

Esta es una de la conclusiones de la jornada "El monte como yacimiento de empleo", que se ha celebrado hoy con el objetivo de analizar el empleo que genera el sector forestal en la actualidad y sus posibilidades en el futuro.

Los ingenieros han estimado que con un Plan F -como alternativa al Plan E puesto en marcha por el Gobierno para incentivar el empleo- y a través de la inversión de 11.000 millones de euros se podrían repoblar 1,8 millones de hectáreas y realizar tratamientos silvícolas sobre otros 2,75 millones, con lo que se generarían unos 302.500 puestos de trabajo.

El decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, ha explicado que "las inversiones que se hagan en el sector forestal español no sólo tienen carácter productivo" porque los bosques también son activos generadores de servicios.

Algunos de estos servicios son difícilmente cuantificables como el paisaje, la biodiversidad, la fijación de dióxido de carbono, la lucha contra la desertificación o la calidad del agua y del aire, entre otros.

Del Álamo ha insistido en la capacidad que tiene este sector de generar empleo no sólo en las actividades tradicionales como la repoblación forestal y los tratamientos silvícolas, sino también en el campo de las energías renovables con el aprovechamiento del combustible forestal.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), Miguel Ángel Duralde, ha señalado que "la gestión forestal en España está minusvalorada" y la administración pública "tiende a improvisar" en las actuaciones del sector forestal "sobre todo en momentos de crisis", porque los obstáculos administrativos son menores y generan mayor número de empleos.

"La inversión que reclamamos a la administración pública no es un subsidio, es una inversión productiva que repercute en la sociedad", ha apuntado Duralde.

Del Álamo ha asegurado que en España "muchos montes no son rentables desde el punto de vista económico, y la sobreprotección que parece sostenible puede llegar a ser un grave problema, ya que supone el abandono de grandes superficies forestales y un mayor riesgo de incendios".

La gestión forestal pasa desapercibida, según estos expertos, porque "no está en la cultura de la sociedad", a pesar de que en los últimos 20 años la superficie forestal arbolada ha pasado de 12 a 19 millones de hectáreas, que deben gestionarse "adecuadamente".

El Consejero pide precaución en el medio natural ante las previsiones de un verano "muy caluroso"

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CUENCA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, hizo hoy un llamamiento a la prudencia de todos los ciudadanos, al tiempo que pidió que se extremen las precauciones a la hora de hacer uso del medio natural porque "cualquier descuido se puede convertir en una catástrofe desde el punto de vista ambiental".
Ante el inicio, el pasado 1 de junio, de la temporada de alto riesgo de la campaña de incendios forestales, Martínez Guijarro señaló que las previsiones meteorológicas apuntan a un verano "muy caluroso que, además, se ha anticipado".
Indicó que las lluvias de esta primavera han provocado un crecimiento de los pastos que, debido a estos calores tempranos, están secándose y convirtiéndose en "combustible que puede hacer que los incendios se propaguen de manera más rápida que en veranos anteriores".
Para hacer hincapié en esta tarea de concienciación, desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural se ha puesto en marcha un año más una campaña de sensibilización dirigida al conjunto de la población para que "se extreme la vigilancia", informó la Junta en nota de prensa.
Martínez Guijarro hizo estas consideraciones hoy en Cuenca, donde asistió junto al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz Cano, a una reunión de coordinación con los responsables de la Guardia Civil en nuestra Comunidad Autónoma.
El objetivo de este tipo de encuentros, que Martínez Guijarro calificó como muy eficaces, es "coordinar las actuaciones del dispositivo que tiene el Gobierno regional con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", según apuntó el titular de Agricultura y Desarrollo Rural, haciendo especial hincapié en las tareas de prevención.
Durante los cinco primeros meses de este año se han registrado en Castilla-La Mancha un total de 282 incendios forestales, un 5 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. Por otra parte, la superficie forestal afectada asciende a casi 400 hectáreas, lo que supone un descenso del 30 por ciento respecto al ejercicio de 2008.
UN AMPLIO DISPOSITIVO
Para la presente campaña, el Plan cuenta con un dispositivo que asciende a 3.041 personas, de las que 736 son funcionarios (agentes medioambientales, técnicos y conductores) y 2.305 contratados por GEACAM. Una cifra a la que se añade el dispositivo que pone en marcha el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que en Castilla-La Mancha estará formado por otras 200 personas.
El presupuesto total de la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de este año asciende a 112 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,4 por ciento con respecto a la campaña anterior.
Esta campaña cuenta con un mayor número de medios aéreos. Así, se dispone de 7 helicópteros más que en 2008, alcanzando esta campaña un total de 20 helicópteros disponibles (11 Bell 212; 8 KOALA y 1 bombardero Kamov); se mantienen las 2 avionetas de coordinación Cessna Push Pull, y los 2 aviones de carga en tierra modelo DROMADER de 2.100 litros de capacidad, así como los 5 aviones de carga en tierra AIR TRACTOR de 3.100 litros de capacidad y mayor versatilidad.
En cuanto a medios terrestres, se cuenta con 21 equipos de maquinaria pesada; 93 autobombas, 25 de ellas, autobombas-retén; 69 brigadas terrestres; y 5 camiones nodriza, a los que hay que sumar el puesto de mando avanzado dotado de todo tipo de emisoras de comunicaciones, ordenadores portátiles, cartografía y repuestos que facilitan la labor, a pie de incendio, de los técnicos.

Ingenieros forestales y de montes critican la instrucción realizada en el caso del incendio de Guadalajara de 2005

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* Compañeros de profesión de los técnicos imputados difunden un comunicado en el que se critica a la magistrada por su instrucción
* Aseguran que la juez "abre la veda para imputar a cualquier técnico del delito de incendio"
* CORRECCIÓN: QUÍLEZ ASEGURA NO HABER REDACTADO EL DOCUMENTO, Y QUE "SÓLO LO REENVIÓ"

Ingenieros de Montes y Forestales del país están iniciando una campaña de críticas hacia Maria del Mar Lorenzo, la jueza de Sigüenza que ha cerrado la instrucción del sumario del incendio de Guadalajara imputando a 20 personas, entre las que se encuentran siete técnicos de la Delegación de Medio Ambiente, sobre los que pesan cargos de tres delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia profesional. Desde hace unos días circula entre profesioniales del sector un manifiesto o comunicado en el que se apuntan las citadas críticas.

Entre los técnicos que han reenviado el comunicado está uno de los peritos que realizó un informe que presentó a última hora de la instrucción el abogado defensor de los imputados de la Junta, Esteban Mestre, y que rechazaron (junto a otras ocho pruebas, por considerarlas improcedentes y extemporáneas), la jueza instructora y la Audiencia Provincial.

Fuentes de la Asociación de Familiares de Víctimas del Incendio de La Riba han asegurado a esta redacción tener conocimiento de que se ha puesto en circulación un manifiesto -al que también ha tenido acceso EL DECANO-, y que el texto "ha salido del ordenador Raúl Quilez Moraga", que es técnico de incendios forestales de la Diputación de Valencia, y que realizó precisamente una de estas pruebas de parte que fueron rechazadas.

Quílez Moraga se ha puesto en contacto con esta redacción para negar de forma radical que él haya sido el autor del manifiesto, como erróneamente -y pedimos disculpas por ello-, afirmábamos en esta misma información. El perito asegura que tan sólo "lo ha reenviado": "Me llegó a mi ordenador y lo difundí, porque si lo hubiera hecho yo, le aseguro que lo hubiera firmado", ha señalado Quílez a EL DECANO, asegurando además que él "no ha cobrado" por el informe que elaboró sobre el comportamiento del fuego y que utilizó la defensa de los técnicos imputados.

El perito sí mantiene que está de acuerdo con "el espíritu" de lo que se dice en el manifiesto.



Lo que dice el texto

El citado manifiesto afirma cosas como la juez de Sigüenza "ha abierto la veda para imputar a cualquier técnico del delito de de incendio forestal", o que la magistrada se ha basado "exclusivamente" en "declaraciones de personas que ni siquiera actuaron en el incendio y en las grabaciones del 112". Así, también acusan a la jueza de haber "obviado" aquellos informes periciales que exculpan a los técnicos (como el que la propia instructora mandó realizar, o el de la Inspección de Trabajo).

"Esto crea un precedente de inseguridad para todas aquellas personas que trabajan en servicios de emergencias, entre ellas las que trabajan en extinción de incendios forestales. A partir de ahora se abre la veda para imputar a cualquier técnico del delito de incendios: bastaría con que no se apagara en el pronto ataque, poniéndole a los pies de los caballos de la prensa y condenándole a la pena de banquillo; es decir someter a personas inocentes a la trascendencia social de un juicio público frente acusaciones sin un mínimo de consistencia, basadas en diligencias sin fuerza valorativa suficiente", dice también el documento.

En el texto se mantiene que la jueza ha realizado la instrucción "en un clima altamente politizado", y se asegura que "gran parte de las pruebas solicitadas por la defensa de los técnicos imputados ha sido sistemáticamente denegada". Asimismo, el manifiesto señala que la instrucción "tuvo un punto de inflexión" tras el cambio de jueza en Sigüenza, y que la primera magistrada "previsiblemente iba a archivar el caso al no encontrar indicios de delito"; algo que también ha manifestado públicamente en alguna ocasión el propio presidente regional.

El documento también culpa de la situación de sus compañeros de Guadalajara a otro compañero de profesión, el ingeniero de Montes José Miguel Montoya, que realizó el único informe proveniente de este colectivo profesional que no exculpa a sus compañeros encausados, sino que reseñana múltiples defectos y problemas en las labores de extinción del incendio del Ducado. Montoya, que realizó su informe por encargo de las familias de las víctimas, ha sido desde entonces objeto de una tremenda crítica de sus compañeros de profesión, que han llegado a denunciarle ante su Colegio.

Los ingenieros que difuenden el manifiesto culpan a Montoya de haber redactado la que al final ha sido "la base fundamental" para la imputación de los trabajadores de Medio Ambiente de Guadalajata, del entonces director del Parque Natural del Alto Tajo y del delegado provincial de Tragsa; e insisten en que el Informe Montoya está "repleto de errores de bulto, incorrecciones y frases insultantes que reparte culpas y responsabilidades sin aportar ni un sólo dato objetivo, ni cartografía, ni datos climáticos, medios participantes ni análisis de las estrategias y tácticas de extinción".

Finalmente, el manifiesto acusa también a la juez instructora de haber obviado otro informe, el que se encargó directamente por el Juzgado y que descartaba negligencias en la extinción y el fallecimiento de los 11 miembros del retén de Cogolludo; y dice que la juez ha puesto fin a la instrucción "de manera precipitada"; exculpadondo en cambio y "sin explicación" a cinco de los ocho excursionistas que prendieron la barbacoa.

Juan Garay nombrado director general de Medio Natural y Política Forestal

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El Consejo de Ministros ha nombrado hoy a Juan Garay Zabala nuevo director general de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, según una nota de este departamento.

El nuevo Director General, es Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Madrid, y ha ocupado, entre otros, los cargos de secretario del Comité Español de la UICN, vicepresidente del Consejo Forestal de Andalucía, vicepresidente de EUROPARC, y consejero de la Federación Europea de Parques Nacionales y Naturales.

Juan Garay ha sido durante los últimos cinco años director del Organismo Autónomo Parques Nacionales, con anterioridad había sido subdirector general de Espacios Naturales y Vida Silvestre y director general de Conservación de la Naturaleza en Andalucía.

Condenado a un año de prisión por desobedecer a dos guardas forestales

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04.06.09 -J. L. D.| LOGROÑO

El juez considera los hechos un delito de atentado, pues los agentes, debidamente uniformados, representaban en ese momento a la autoridad

El magistrado titular del Penal número Uno ha impuesto una condena de un año de cárcel a un hombre que desobedeció las órdenes de dos guardas forestales del Gobierno riojano, debidamente uniformados y con las acreditaciones en las que hacían constar su condición, con quienes se encaró abiertamente.
El acusado se encontraba el pasado 25 de febrero en el paraje conocido como 'Villarrica de San Asensio', cuando pasaron por el lugar en el vehículo oficial los dos agentes forestales, a uno de los cuales conocía por haber estado días antes con él y con un técnico de la Comunidad Autónoma cuando procedía al deslinde de una finca catastrada a nombre de la CHE, colindante con una del acusado, quien mantenía sus discrepancias a este respecto.
El encausado y los guardas aparcaron sus respectivos vehículos, y acto seguido se inició una acalorada discusión en la que el hoy condenado comenzó a gesticular contra los guardas, especialmente con uno de ellos, al que «agarró en varias ocasiones por la pechera de la camisa, a la vez que con el puño cerrado hacía gestos amenazantes y le dirigía algunos insultos».
En vista del cariz que tomaban los acontecimientos, el otro guarda intentó en varias ocasiones establecer contacto telefónico para pedir la presencia de la Guardia Civil, que en un primer momento resultaron fallidos por la escasa cobertura. Pero mientras esto sucedía, el acusado subió a su vehículo e intentó marcharse sin esperar la llegada de los agentes de la Benemérita y el guarda forestal se puso delante para impedir su fuga.
Pese a ello dio hasta tres acelerones para disuadir al miembro de la guardería forestal, en uno de los cuales tuvo que asirse al coche para no caer al suelo. Finalmente hubo de apartarse y dejar vía libre al vehículo con el que el acusado se alejó del lugar.
La resolución considera estos hechos constitutivos de un delito de atentado, pues «se trata de agentes de la autoridad en el ejercicio legítimo de sus funciones», que vestidos de uniforme «desarrollaban en ese momento funciones específicas propias de su condición».