* Compañeros de profesión de los técnicos imputados difunden un comunicado en el que se critica a la magistrada por su instrucción
* Aseguran que la juez "abre la veda para imputar a cualquier técnico del delito de incendio"
* CORRECCIÓN: QUÍLEZ ASEGURA NO HABER REDACTADO EL DOCUMENTO, Y QUE "SÓLO LO REENVIÓ"
Ingenieros de Montes y Forestales del país están iniciando una campaña de críticas hacia Maria del Mar Lorenzo, la jueza de Sigüenza que ha cerrado la instrucción del sumario del incendio de Guadalajara imputando a 20 personas, entre las que se encuentran siete técnicos de la Delegación de Medio Ambiente, sobre los que pesan cargos de tres delitos, entre ellos el de homicidio por imprudencia profesional. Desde hace unos días circula entre profesioniales del sector un manifiesto o comunicado en el que se apuntan las citadas críticas.
Entre los técnicos que han reenviado el comunicado está uno de los peritos que realizó un informe que presentó a última hora de la instrucción el abogado defensor de los imputados de la Junta, Esteban Mestre, y que rechazaron (junto a otras ocho pruebas, por considerarlas improcedentes y extemporáneas), la jueza instructora y la Audiencia Provincial.
Fuentes de la Asociación de Familiares de Víctimas del Incendio de La Riba han asegurado a esta redacción tener conocimiento de que se ha puesto en circulación un manifiesto -al que también ha tenido acceso EL DECANO-, y que el texto "ha salido del ordenador Raúl Quilez Moraga", que es técnico de incendios forestales de la Diputación de Valencia, y que realizó precisamente una de estas pruebas de parte que fueron rechazadas.
Quílez Moraga se ha puesto en contacto con esta redacción para negar de forma radical que él haya sido el autor del manifiesto, como erróneamente -y pedimos disculpas por ello-, afirmábamos en esta misma información. El perito asegura que tan sólo "lo ha reenviado": "Me llegó a mi ordenador y lo difundí, porque si lo hubiera hecho yo, le aseguro que lo hubiera firmado", ha señalado Quílez a EL DECANO, asegurando además que él "no ha cobrado" por el informe que elaboró sobre el comportamiento del fuego y que utilizó la defensa de los técnicos imputados.
El perito sí mantiene que está de acuerdo con "el espíritu" de lo que se dice en el manifiesto.
Lo que dice el texto
El citado manifiesto afirma cosas como la juez de Sigüenza "ha abierto la veda para imputar a cualquier técnico del delito de de incendio forestal", o que la magistrada se ha basado "exclusivamente" en "declaraciones de personas que ni siquiera actuaron en el incendio y en las grabaciones del 112". Así, también acusan a la jueza de haber "obviado" aquellos informes periciales que exculpan a los técnicos (como el que la propia instructora mandó realizar, o el de la Inspección de Trabajo).
"Esto crea un precedente de inseguridad para todas aquellas personas que trabajan en servicios de emergencias, entre ellas las que trabajan en extinción de incendios forestales. A partir de ahora se abre la veda para imputar a cualquier técnico del delito de incendios: bastaría con que no se apagara en el pronto ataque, poniéndole a los pies de los caballos de la prensa y condenándole a la pena de banquillo; es decir someter a personas inocentes a la trascendencia social de un juicio público frente acusaciones sin un mínimo de consistencia, basadas en diligencias sin fuerza valorativa suficiente", dice también el documento.
En el texto se mantiene que la jueza ha realizado la instrucción "en un clima altamente politizado", y se asegura que "gran parte de las pruebas solicitadas por la defensa de los técnicos imputados ha sido sistemáticamente denegada". Asimismo, el manifiesto señala que la instrucción "tuvo un punto de inflexión" tras el cambio de jueza en Sigüenza, y que la primera magistrada "previsiblemente iba a archivar el caso al no encontrar indicios de delito"; algo que también ha manifestado públicamente en alguna ocasión el propio presidente regional.
El documento también culpa de la situación de sus compañeros de Guadalajara a otro compañero de profesión, el ingeniero de Montes José Miguel Montoya, que realizó el único informe proveniente de este colectivo profesional que no exculpa a sus compañeros encausados, sino que reseñana múltiples defectos y problemas en las labores de extinción del incendio del Ducado. Montoya, que realizó su informe por encargo de las familias de las víctimas, ha sido desde entonces objeto de una tremenda crítica de sus compañeros de profesión, que han llegado a denunciarle ante su Colegio.
Los ingenieros que difuenden el manifiesto culpan a Montoya de haber redactado la que al final ha sido "la base fundamental" para la imputación de los trabajadores de Medio Ambiente de Guadalajata, del entonces director del Parque Natural del Alto Tajo y del delegado provincial de Tragsa; e insisten en que el Informe Montoya está "repleto de errores de bulto, incorrecciones y frases insultantes que reparte culpas y responsabilidades sin aportar ni un sólo dato objetivo, ni cartografía, ni datos climáticos, medios participantes ni análisis de las estrategias y tácticas de extinción".
Finalmente, el manifiesto acusa también a la juez instructora de haber obviado otro informe, el que se encargó directamente por el Juzgado y que descartaba negligencias en la extinción y el fallecimiento de los 11 miembros del retén de Cogolludo; y dice que la juez ha puesto fin a la instrucción "de manera precipitada"; exculpadondo en cambio y "sin explicación" a cinco de los ocho excursionistas que prendieron la barbacoa.
Entre los técnicos que han reenviado el comunicado está uno de los peritos que realizó un informe que presentó a última hora de la instrucción el abogado defensor de los imputados de la Junta, Esteban Mestre, y que rechazaron (junto a otras ocho pruebas, por considerarlas improcedentes y extemporáneas), la jueza instructora y la Audiencia Provincial.
Fuentes de la Asociación de Familiares de Víctimas del Incendio de La Riba han asegurado a esta redacción tener conocimiento de que se ha puesto en circulación un manifiesto -al que también ha tenido acceso EL DECANO-, y que el texto "ha salido del ordenador Raúl Quilez Moraga", que es técnico de incendios forestales de la Diputación de Valencia, y que realizó precisamente una de estas pruebas de parte que fueron rechazadas.
Quílez Moraga se ha puesto en contacto con esta redacción para negar de forma radical que él haya sido el autor del manifiesto, como erróneamente -y pedimos disculpas por ello-, afirmábamos en esta misma información. El perito asegura que tan sólo "lo ha reenviado": "Me llegó a mi ordenador y lo difundí, porque si lo hubiera hecho yo, le aseguro que lo hubiera firmado", ha señalado Quílez a EL DECANO, asegurando además que él "no ha cobrado" por el informe que elaboró sobre el comportamiento del fuego y que utilizó la defensa de los técnicos imputados.
El perito sí mantiene que está de acuerdo con "el espíritu" de lo que se dice en el manifiesto.
Lo que dice el texto
El citado manifiesto afirma cosas como la juez de Sigüenza "ha abierto la veda para imputar a cualquier técnico del delito de de incendio forestal", o que la magistrada se ha basado "exclusivamente" en "declaraciones de personas que ni siquiera actuaron en el incendio y en las grabaciones del 112". Así, también acusan a la jueza de haber "obviado" aquellos informes periciales que exculpan a los técnicos (como el que la propia instructora mandó realizar, o el de la Inspección de Trabajo).
"Esto crea un precedente de inseguridad para todas aquellas personas que trabajan en servicios de emergencias, entre ellas las que trabajan en extinción de incendios forestales. A partir de ahora se abre la veda para imputar a cualquier técnico del delito de incendios: bastaría con que no se apagara en el pronto ataque, poniéndole a los pies de los caballos de la prensa y condenándole a la pena de banquillo; es decir someter a personas inocentes a la trascendencia social de un juicio público frente acusaciones sin un mínimo de consistencia, basadas en diligencias sin fuerza valorativa suficiente", dice también el documento.
En el texto se mantiene que la jueza ha realizado la instrucción "en un clima altamente politizado", y se asegura que "gran parte de las pruebas solicitadas por la defensa de los técnicos imputados ha sido sistemáticamente denegada". Asimismo, el manifiesto señala que la instrucción "tuvo un punto de inflexión" tras el cambio de jueza en Sigüenza, y que la primera magistrada "previsiblemente iba a archivar el caso al no encontrar indicios de delito"; algo que también ha manifestado públicamente en alguna ocasión el propio presidente regional.
El documento también culpa de la situación de sus compañeros de Guadalajara a otro compañero de profesión, el ingeniero de Montes José Miguel Montoya, que realizó el único informe proveniente de este colectivo profesional que no exculpa a sus compañeros encausados, sino que reseñana múltiples defectos y problemas en las labores de extinción del incendio del Ducado. Montoya, que realizó su informe por encargo de las familias de las víctimas, ha sido desde entonces objeto de una tremenda crítica de sus compañeros de profesión, que han llegado a denunciarle ante su Colegio.
Los ingenieros que difuenden el manifiesto culpan a Montoya de haber redactado la que al final ha sido "la base fundamental" para la imputación de los trabajadores de Medio Ambiente de Guadalajata, del entonces director del Parque Natural del Alto Tajo y del delegado provincial de Tragsa; e insisten en que el Informe Montoya está "repleto de errores de bulto, incorrecciones y frases insultantes que reparte culpas y responsabilidades sin aportar ni un sólo dato objetivo, ni cartografía, ni datos climáticos, medios participantes ni análisis de las estrategias y tácticas de extinción".
Finalmente, el manifiesto acusa también a la juez instructora de haber obviado otro informe, el que se encargó directamente por el Juzgado y que descartaba negligencias en la extinción y el fallecimiento de los 11 miembros del retén de Cogolludo; y dice que la juez ha puesto fin a la instrucción "de manera precipitada"; exculpadondo en cambio y "sin explicación" a cinco de los ocho excursionistas que prendieron la barbacoa.
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