El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora ha dado la razón a un agricultor en la reclamaciones de daños causados por las avutardas en su explotación agrícola, después de que Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora desestimara la reclamación patrimonial solicitada por el propietario de las fincas.
La sentencia reconoce que en este caso se ha de aplicar la responsabilidad de la Administración y reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados «siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos».
El Juzgado considera que la avutarda es una especie incluida en el catálogo de Especies Amenazadas y por ello han de aplicarse medidas de conservación y protección especiales, pero también que se pueden y deben establecer medidas para «prevenir perjuicios importantes» a los cultivos, al ganado, etcétera.
Tal como afirman desde la organización agraria COAG, que ha dado a conocer la resolución judicial, la Junta de Castilla y León era conocedora de los daños que causaban las avutardas sobre las superficies cultivadas, porque fue puesto en su conocimiento; sin embargo no adoptó medida alguna, con «una falta absoluta de actuación» y «no adoptando medida alguna para paliar la presencia masiva de avutardas», según se recoge en la sentencia. El Juzgado considera que el mero hecho de que las avutardas estén en el Catálogo de especies amenazadas, «no basta para amparar que el particular tenga que soportar los daños que se deriven de dicha protección siempre y en todo caso».
La mayoría desisten
Por ello, COAG critica de nuevo «la actitud cicatera de la Administración, a la que no le importa dejar la vía judicial como último recurso para el agricultor». La organización agraria denuncia que con este proceder «saben que la inmensa mayoría de agricultores desisten y no acuden a la vía judicial. En este caso han sido los servicios jurídicos de COAG los que aconsejaron al agricultor la continuar el procedimiento.
La organización insta a la Delegación Territorial y a la Consejería de Medio Ambiente a que asuma, para estos y similares casos, los daños que estas especies causan en cultivos, de forma directa, reconociendo su responsabilidad sobre las especies protegidas.
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