El proceso para pactar la reforma del estatuto manchego, y en especial su alusión al Tajo-Segura avanza, aunque el acuerdo parece todavía lejano. La reunión mantenida hace pocas fechas por la dirección del PSOE -con Leire Pajín y José Antonio Alonso a la cabeza- con José María Barreda, Jorge Alarte y Pedro Saura, y de la que ayer informó este diario, ha servido para acercar posturas, pero no para definir un acuerdo.
La postura del líder de los socialistas valencianos se mantiene invariable. No al blindaje del Tajo, ni a que el Estatuto manchego establezca una reserva de agua para esa autonomía. En todo caso, Blanquerías está dispuesta a aceptar una alusión, en el preámbulo del texto, a las necesidades hídricas de los manchegos. Pero sólo en el preámbulo. Entre otras razones, porque se considera que esa parte del Estatuto no tiene carácter dispositivo. O lo que es lo mismo, no tiene fuerza de ley y no obliga a su cumplimiento.
La posición de Barreda -que ha vaticinado un acuerdo inminente- en relación con esta cuestión parece variar con el paso de los días. El presidente manchego ha pasado de reivindicar el final del trasvase en 2015 a reclamar una reserva hídrica de 6.000 hectómetros. Las últimas informaciones apuntan a que Barreda está dispuesto a que su reivindicación hídrica se limite a una mención en el preámbulo a las necesidades de agua de su autonomía. Pero con un matiz. El presidente manchego, según las fuentes consultadas por este diario, reclama que aparezca una disposición al finalizar el articulado, que plasme y cuantifique a cuánto asciende esa necesidad de agua de su región.
La reivindicación no es anecdótica, y es probablemente, el principal escollo con el que tropieza en este momento la negociación. Una disposición -adicional o final- sí tendría carácter dispositivo. Y por lo tanto, sí que daría rango de ley orgánica a la exigencia de esa cifra. Las fuentes del PSPV consultadas señalaron ayer que la formación que lidera Jorge Alarte mantendrá su rechazo a esta opción, al entender que aceptarla supondría abrir la vía jurídica a una restricción progresiva del trasvase.
Ayer, los portavoces del PSOE y del PP en el Congreso, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, respectivamente, admitieron que trabajan con discreción para desbloquear las negociaciones.
No obstante, para no enturbiar las conversaciones, Alonso hizo un llamamiento a la prudencia y no quiso precisar cuál es el contenido de esas negociaciones. Tampoco Soraya Sáenz de Santamaría dio detalles y se ha limitado a ratificar la «clara» voluntad del PP de llegar a un consenso.
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