Cuatro oficiales del Ejército de Tierra preparan, junto al abogado del Estado que se les ha asignado, su declaración ante el juez que investiga el incendio forestal que se originó en el campo de maniobras de San Gregorio (Zaragoza) y que arrasó 7.200 hectáreas en agosto del año pasado. Fue el mayor incendio forestal que sufrió Aragón en 2009. Se abrió una investigación, el caso llegó al juzgado pero, durante aquella instrucción, la Fiscalía no vio indicios de delito. En enero se dio por cerrado el caso en el juzgado que lo instruyó, pero el propietario de un coto de caza afectado por el incendio recurrió el archivo de la causa y la Audiencia Provincial de Zaragoza decidió que se reabriera. Ahora está en manos del juzgado número 8 de Zaragoza, ante el que ayer estaban llamados a declarar dos oficiales y otros dos hoy. Sin embargo, se han suspendido estas comparecencias y tendrán lugar más adelante, porque el abogado del Estado ha pedido tiempo para estudiar las diligencias.
Están llamados a declarar el teniente coronel jefe del Centro Nacional de Adiestramiento (Cenad), el jefe de operaciones del campo de maniobras, el responsable de su servicio de extinción de incendios y el jefe de campo.
El abogado de la acusación particular, Enrique Trebolle, consideró ayer «correcta» la decisión de aplazar unos días la toma de declaración de estos cuatro militares. Su testimonio puede ser decisivo. Se trata de dilucidar si hubo una actuación punible por parte de mandos castrenses.
Un informe elaborado tras el incendio por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil apuntaba a una imposible imprudencia, porque el fuego podría haberse originado al manipular explosivos en un momento en el que debía estar prohibido, dadas las altas temperaturas y la sequedad del terreno que se daba aquellos días de agosto.
Diversas fuentes apuntaron también en su momento aquella misma hipótesis, algo que encajaría con la tardanza con la que los responsables del campo de maniobras permitieron intervenir a los equipos civiles de extinción.
El fuego comenzó en el campo de maniobras de San Gregorio, pero horas después había rebasado sus límites y se extendía con virulencia, sin posibilidad de ser controlado. Pasaron varios días hasta que se logró frenar el avance de las llamas. Arrasaron 7.200 hectáreas, en su mayor parte del término municipal de Zaragoza —donde se ubica el campo de maniobras—, pero también de las localidades de Torres de Berrellén, Remolinos, Pradilla y Tauste. Los daños en el medio ambiente fueron considerables y afectaron también a explotaciones agropecuarias y cinegéticas privadas.
Cinco horas cruciales
El fuego se detectó a las 13:20 horas del 18 de agosto de 2009. Inmediatamente se activaron los dispositivos de extinción que dependen de la Comunidad autónoma. Sin embargo, durante horas tuvieron que esperar en los límites del campo de maniobras porque no se les permitió la entrada. No fue hasta las 18:05 horas cuando obtuvieron la autorización por parte del Ejército. También se tardó horas en permitir que helicópteros o hidroaviones sobrevolaran la zona incendiada para echar agua.
En esas cinco horas que pasaron desde que se detectó el fuego hasta que se dio luz verde a la intervención de medios civiles, en el interior del campo de maniobras sólo trabajaron equipos del Ejército. En un primer momento un retén del propio campo y, posteriormente, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias.
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