El coordinador provincial de Medio Ambiente explica que envió al segundo responsable de zona porque el primero insistía en que todo era normal · Los acusados sólo respondieron a su abogado
Cuatro empresarios (J.M.S., M.M.C., A.C.P. y D.J.I.) y el ex coordinador de la unidad territorial de la comarca del Condado (F.B.O.) se sentaron ayer en el banquillo de los acusados para responder por presuntos delitos medio ambientales, concretamente contra la ordenación del territorio, construcciones ilegales en terreno forestal y sobornos.
La declaración de los acusados aclaró poco de lo que sucedió en la finca del Avispero porque todos ellos se limitaron a responder únicamente a las preguntas de su propio abogado, excepto el empresario A.C.P., propietario de la finca Coto Avispero (400 hectáreas), que vendió 88 hectáreas de ésta a otro de los imputados, J.M.S. Éste a su vez declaró haber alquilado la parte que compró a otro de los imputados, M.M.C.
El cuarto empresario que les acompaña en el juicio es D.J.I. constructor de una nave que presuntamente carecía de permiso.
Para todos ellos el Fiscal solicita una pena conjunta de 13 años y cuatro meses de cárcel, más inhabilitación de un año para ejercer como promotor constructor.
El ex coordinador de la unidad territorial declaró que pensaba que la finca en cuestión era agrícola y que así lo confirmó con los propietarios a través de una escritura de la propiedad. Para éste solicitan 3 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público, más una multa de 30.000 euros.
Los testigos del Ministerio Fiscal fueron ayer cuatro agentes forestales, entre los que se encontraba el coordinador provincial, Manuel Rodríguez Pina, y dos miembros de Ecologistas en Acción de Bonares que denunciaron los presuntos delitos en la finca del Avispero y cuya insistencia sobre los trabajos agrícolas destapó el caso.
El coordinador provincial de Agentes de Medio Ambiente explicó que aprovechó un día de descanso del ex coordinador imputado para enviar al segundo jefe de la unidad (Rafael González, que también testificó ayer) a comprobar lo que estaba ocurriendo, ante la insistencia de las denuncias de los ecologistas. Es cuando se realizó la primera denuncia y a continuación se abrió un expediente disciplinario contra el coordinador de la unidad.
Manuel Rodríguez añadió que al incorporarse dos nuevos agentes forestales a la zona comprobaron en varias ocasiones que no se paralizaban los trabajos, por lo que fue necesario llevar dos notificaciones y la tercera con la Policía Autonómica.
Rafael González, segundo de la unidad, explicó que la primera vez que acudió a la finca del Avispero fue en 2004 porque el propietario e imputado, A.C.P., había solicitado un cambio de uso de terreno de 40 hectáreas. Entonces comprobó que no existía ninguna construcción, es decir, ni nave ni balsa de agua. En 2006 se le reclamó para confirmar el cambio de uso de 6 hectáreas solicitado en la misma finca pero en la parte que adquirió J.M.S. Entonces observó una amplia superficie limpia que "pensé que era agrícola". El jefe F.B.O. le confirmó que tenía documentos que demostraban que era terreno agrícola. Pero al acudir a la zona a hacer unas mediciones un técnico de la comarca le confirmó que la gran superficie deforestada era de monte, lo que comunica inmediatamente a la Delegación de Medio Ambiente de Huelva y abre expediente.
Ya entonces comprueba que en la finca de A.C.P. había una balsa y una nave presuntamente ilegales y en la de J.M.S. una gran balsa de 2,2 hectáreas. Añadió que tras la denuncia siguieron trabajando.
Los otros dos agentes forestales que testificaron se incorporaron a la unidad en el primer trimestre de 2007. Lo primero que denunciaron fue la acometida de una línea eléctrica en la finca. Las visitas al Avispero para comprobar la suspensión cautelar de los trabajos sirvió para comprobar que se seguía adelante. Ambos agentes confirmaron que había unos módulos probablemente habitados porque vieron a gente y ropa tendida. En la finca contactaban con el hijo del propietario imputado, J.M.S.
Los dos representantes de Ecologistas en Acción que denunciaron el caso explicaron que ante la disparidad entre las 6 hectáreas autorizadas para el cambio de uso y las 100 que ellos estimaban, el coordinador les recomendó contactar con el imputado F.B.O. Este insistió en quedar en el otro extremo de la finca donde se estaba cometiendo supuestamente el delito. Allí F.B.O. les mostró una escritura en la que había un interlineado que decía que la finca era agrícola, pero no les dejó ni copia ni recoger textualmente lo que decía el documento.
Uno de los ecologistas fue recriminado por F.B.O. pues de forma ocasional trabajaba para Medio Ambiente y es familiar de un agente forestal. "Me dijo que por qué tenía que meterme en estos berenjenales, más teniendo un hermano dentro del cuerpo de agentes forestales".
Los ecologistas explicaron que los propietarios habían vallado las fincas y colocado una línea forestal para preservar la actividad en la finca.
En la vista oral un letrado interviene como acusación particular por cuenta de la Junta de Andalucía. Los empresarios J.M.S. y M.M.C y el ex funcionario F.B.O. comparten abogado; además, intervienen otros dos letrados más: uno del constructor D.J.I. y otro por parte del propietario de la mayor parte de la finca A.C.P.
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