El 70% de los municipios que tienen zona forestal en su territorio no disponen de un plan adecuado de actuación para enfrentarse a los incendios que puedan producirse en sus bosques. Un problema que se incrementa, según el informe que ha presentado la ONG Ecologistas en Acción esta mañana, porque la mayoría de las comunidades autónomas prefieren invertir en la extinción de los fuegos en lugar de en la prevención.
Valencia y Asturias son las dos regiones que más acusan esta descompensación. La Generelitat destina 69 millones a apagar las llamas que puedan brotar en sus montes, mientras que las medidas para evitarlas solo reciben 16; en Asturias aún se dedica menos a las labores preventivas (2 millones), aunque la dotación total para luchar contra los incendios también es más pequeña (32 millones, contando los 29 que se emplean para su extinción).
La situación además se produce con la resaca de un año en el que los incendios se han incrementado un 27% en comparación con 2008 y los conatos (aquellos que no queman una extensión superior a una hectárea), un 30%.
La mano del hombre se encuentra detrás de la mayoría de estos fuegos. Según han explicado desde la asociación, el 95% están provocados por actividades humanas. Las quemas agrícolas suponen el 21,55% y las que se realizan para obtener pasto el 16,8%.
No obstante, Ecologistas en Acción denuncia que sólo el 0,1% de los responsables de estos fuegos termina en los juzgados. Algunas veces porque no todas las comunidades regulan del mismo modo las acciones que pueden desembocar en el nacimiento de un fuego. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias y Asturias, encender hogueras o barbacoas en zonas recreatrivas y de acampada está permitido, mientras que el resto de la comundades lo prohibe, la regula, o restringe su autorización a las estaciones menos calurosas del año.
Buenas noticias
No todo han sido malos augurios en el informe que ha presentado esta mañana la asociación de ecologistas. Según sus datos, el 99,8% de los incendios forestales que se producen en España se extinguen antes de que su detrucción alcance las 500 hectáreas.
Por otra parte, la inversión total para enfrentarse a este problema se ha incrementrado a lo largo de los últimos cuatro años en un 46,42%. La ley también se ha endurecido desde 2005, han explicado. "El problema es que algunas comunidades no la cumplen y otras no han regulado sobre ella".
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