El sector forestal se ha convertido en uno de los mayores motores económicos de las zonas rurales españolas y también de las existentes en Castilla y León. Según los datos del reciente estudio sobre 'Inversión y Empleo en el Sector Forestal' realizado por la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) la inversión anual en el sector supera los 1.556 millones de euros, de los que 166,8 millones se invirtieron en la comunidad autónoma de Castilla y León. El 64% de las más de 27 millones de hectáreas de masa forestal en España es de gestión privada. La prevención y gestión de los incendios es la actividad que más fondos concentra. En Castilla y León, la segunda región española que más dinero invierte en el sector forestal tras Andalucía, trabajan 143 empresas especializadas. Precisamente, productores agrarios y forestales han solicitado al Ministerio de Industria que mejore las perspectivas de la biomasa en el futuro mapa de las energías renovables, limitado en estos momentos a un exiguo 2,6% del total, en el horizonte del 2020, con menos de 600 megawatios de potencia. En la última década, la inversión forestal en España se ha duplicado desde los 734 millones de euros registrados en el año 2000 hasta los 1.556 millones actuales.
España pasa por ser uno de los países de la Unión Europea con mayor densidad de superficie forestal. Según los datos del reciente 'Estudio de Inversión y Empleo en el Sector Forestal', elaborado por la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, España cuenta con 27,6 millones de hectáreas de superficie forestal. Esta cantidad representa el 54,6% de todo su territorio. De esta cantidad, actualmente 7,6 millones de hectáreas se encuentran gestionadas por las distintas administraciones públicas (central, autonómica, diputaciones y ayuntamientos) mientras que 19,9 millones de hectáreas corresponden a la superficie de gestión privada. Cada año, España invierte en torno a 1.556 millones de euros en la protección y el cuidado de las mismas, con una media de 56,4 euros por hectárea.
4,8 millones de hectáreas
La gestión forestal se ha convertido en un sector económico de gran importancia para muchas comarcas de la comunidad autónoma de Castilla y León. La región dispone de 4,8 millones de hectáreas de superficie forestal, de las que 3,09 millones -el 64% del total- está bajo gestión privada y en torno a las 1,7 millones de hectáreas se hallan bajo gestión de las administraciones públicas. La inversión anual en el sector forestal alcanzó los 166,8 millones de euros, siendo la segunda más importante entre las regiones españolas, sólo superada por los 337 millones de Andalucía. Sin embargo, la media de inversión por hectárea, con 34,7 euros, es más baja que la media española. Según los datos del estudio, la región dispone de 143 empresas forestales activas.
Incendios
El análisis de la inversión llevada a cabo en el sector forestal de Castilla y León muestra datos reveladores. Del total de los 166,8 millones de euros, la prevención y la extinción de incendios concentran 62,5 millones de euros.
El siguiente apartado con más inversión es el de la protección de la flora y la fauna, con 8,7 millones de euros, seguido de la gestión de usos públicos y la educación ambiental, con 4,8 millones de euros. Del total invertido en los bosques de la región, 50,5 millones de euros proceden de subvenciones públicas concedidas por diferentes organismos.
Mucho empleo
El sector forestal también ofrece empleo en épocas de vacas flacas en otros sectores como el de la construcción. Las 1.814 empresas forestales existentes en España y los diferentes organismos públicos dedicados a la gestión de los montes y los bosques emplean cada año a una media de 62.000 personas. De esta cantidad, cerca de 40.000 contratos corresponden a peones forestales y taladores, sobre todo centrados en las campañas de prevención de incendios.
Castilla y León realiza cada año una media de 4.200 contratos relacionados con el sector forestal, siendo la tercera comunidad autónoma de España, detrás Andalucía y de Galicia, en número de contrataciones. Entre las actividades que llevan a cabo los contratados figuran la formación y el mantenimiento de pistas forestales, tratamientos selvícolas, la protección de espacios naturales o la protección de la fauna y la flora.
Sin embargo, tanto los agricultores como los propietarios de terrenos forestales quieren buscar alternativas viables económicamente a la gestión de sus terrenos. Y muchos de ellos creen haberla encontrado en la plantación de biomasa y la producción de energía eléctrica a partir de los residuos forestales obtenidos. Sin embargo, el futuro mapa de las energías renovables, recién revisado por el Ministerio de Industria, sitúa a la biomasa como el patito feo de las renovables. Así, en el horizonte del año 2020 sólo supondría un exiguo 2,6% del total del mix de producción de las energías renovables, con menos de 600 megawatios. Las asociaciones empresariales de renovables creen que la biomasa debería conseguir al menos 2.150 megawatios de potencia para ese horizonte, a los que habría que sumar otros 400 megawatios para el biogás.
Reivindicación
En la defensa del futuro de la biomasa, como clave para el futuro económico del sector agrario y forestal, se han unido productores agrícolas, ganaderos y forestales, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias y la Asociación de empresas para el desimpacto ambiental de los purines (ADAP). Según Fernando Molina, presidente de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España (COSE), «los importantísimos beneficios que aporta la bioenergía merecen sobradamente ese apoyo ya que es la energía que más empleo y riqueza genera en el medio rural». Según las empresas de biomasa, ésta crea nueve puestos de trabajo por cada megawatio de potencia, además de ser muy útil en la prevención de los incendios, a los que las administraciones públicas destinan cada año más de 600 millones de euros. El sector cree que la biomasa podría generar 10.000 empleos en las zonas rurales.
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