El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino no quiere cargar con los problemas de descoordinación en la utilización de medios técnicos y humanos para la extinción de incendios forestales. Las críticas y las graves consecuencias que se han producido a raíz de incendios tan graves como los de Guadalajara y Horta de San Juan (Cataluña), parecen haber pesado demasiado en el departamento ministerial que preside Elena Espinosa —que tiene competencias en la normalización de los medios materiales para la extinción de incendios y el despliegue de medios estatales de apoyo—, y se ha planteado la posibilidad de transferir a las Comunidades Autónomas los medios y presupuestos estatales gestionados por este Ministerio.
Las Comunidades Autónomas tienen transferidas desde la década de los 80 las competencias de los planes de prevencióny extinción de incendios; mientras que la Administración General del Estado, según la Ley de Montes, conserva las de labores de refuerzo de medios.
UME
Pero Medio Ambiente no solo se quedó ahí en su intento de desprenderse de estas competencias, sino que también ha pedido al Ministerio de Defensa que asuma los medios aéreos de lucha contra incendios, y que se incorporen a la Unidad Militar de Emergencias (UME), creada hace sólo unos años por petición del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En una carta enviada el 10 de febrero al secretario general técnico del Ministerio de Defensa, el departamento de Elena Espinosa llega a proponer la aprobación de un nuevo Real Decreto que regula el protocolo de intervención de la UME para que se revise el actual modelo y se incorporen estos medios a Defensa. Incluso llega a sugerir un nuevo texto para la Disposición Adicional Segunda, en el que se fija la fecha de diciembre de este año para que el Gobierno establezca el «régimen definitivo de los recursos humanos y medios aéreos contra incendios de los distintos ministerios».
Antes de llevar a cabo esta transferencia, los responsables ministeriales encargaron a la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal un informe, al que ha tenido acceso ABC, en el que se ponen de manifiesto las graves consecuencias que tendría esta transferencia. El documento, con fecha de 5 de marzo, es demoledor para las intenciones del ministerio, ya que asegura que se pondría en peligro la capacidad de respuesta ante un incendio, se reducirían los medios y se perdería eficacia. La existencia de este análisis también provocó inquietud entre los trabajadores de las brigadas forestales, un colectivo de más de 500 trabajadores, que tenían miedo de que sus puestos de trabajo estuvieran en peligro.
El contenido de este informe es tan negativo que el Gobierno ha preferido ocultarlo, según señala a ABC la diputada popular, Teresa de Lara Carbó, que ha presentado varias preguntas parlamentarias interesándose por las intenciones del Ejecutivo en este sentido. Para asombro de la parlamentaria, conocedora de este documento, la respuesta del Gobierno, con fecha 6 de julio, es que «no se ha realizado un análisis de las posibilidades de transferencias de los medios y presupuestos estatales de prevención y extinción de incendios forestales a las Comunidades Autónomas». Además, también desde el Ejecutivo se señala que «no está prevista ninguna modificación del actual modelo de gestión de los medios estatales de extinción de incendios forestales».
PNL rechazada
No fue esta la única iniciativa que pusieron en marcha los populares para intentar saber las verdaderas intenciones del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, ya que con anterioridad presentaron una Proposición No de Ley relativa a los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales, que se debatió en el Pleno del día 8 de julio. El Partido Popular quería que se garantizase «a largo plazo el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas» y que se mantuviera «esta función de refuerzo en el departamento del organismo medioambiental competente, la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal». Finalmente, el tercer punto de la iniciativa era arrancar un compromiso del Gobierno para que «el Estado se comprometa a mantener los recursos profesionales a su cargo, tanto humanos como materiales». La proposición fue rechazada, con el voto en contra del PSOE.
Los populares no entienden por qué el Gobierno ha ocultado la existencia de este informe al Congreso de los Diputados, cuando ha sido encargado y elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. La diputada popular Teresa de Lara asegura a ABC que «pese a que la ministra ha negado que tuviera intención de traspasar las competencias, la evidencia de los documentos demuestran lo contrario. Responder a una pregunta parlamentaria con una mentira está fuera de lugar».
De Lara señala que «la labor de refuerzo funciona razonablemente bien» y apuesta porque el Ejecutivo invierta más dinero en la prevención de los incendios. Así, asegura que «el tema de los incendios es muy serio. Cada año se calcinan en España mil hectáreas por el fuego, hay pérdidas de vidas humanas y la valoración de los daños es tan elevada que merece la pena invertir más dinero en la prevención y en el cuidado de los montes».
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