Oviedo, M. J. IGLESIAS
A las empresas asturianas de silvicultura no les salen las cuentas. Las compañías que tienen como grueso de su actividad la realización de obras en los montes denuncian que atraviesan una situación crítica por el retraso del Principado en la adjudicación de trabajos comprometidos en los presupuestos regionales del presente ejercicio.
Los empresarios se muestran convencidos de que si el Ejecutivo regional no ofrece una rápida solución un alto número de entidades se verán abocadas al cierre. Las empresas y cooperativas forestales dan empleo a unas 1.000 personas, con una plantilla media de entre 10 y 12 trabajadores por empresa.
También están pendientes de pago las subvenciones a los propietarios de montes privados, que ascienden a unos 400.000 euros. El consejero de Medio Rural, Aurelio Martín, se comprometió a buscar una solución, durante una reunión mantenida con los empresarios.
La patronal se ha encontrado con un obstáculo inesperado. El adelanto a octubre del cierre contable del Principado, que habitualmente se lleva a cabo en noviembre o diciembre, impide ahora a la Consejería de Medio Rural adjudicar directamente obras, que en su conjunto rondan los dos millones de euros.
La Asociación de Empresarios de Silvicultura (AESA) y la de Empresarios de la Madera (ASMADERA), exigieron ayer que se habiliten mecanismos para adjudicar los trabajos, a través de la Consejería de Hacienda, que sí tiene potestad para liberar fondos de manera directa.
La última esperanza para los empresarios, según señalan los presidentes de AESA y ASMADERA, Alvaro Roza y Luis Enrique García, respectivamente, es negociar con el departamento de Jaime Rabanal, con el apoyo del consejero de Medio Rural, Aurelio Martín.
Tanto Roza como García reconocieron en que «no será fácil». «El Gobierno ha ido retrasando las contrataciones desde el mes de mayo, lo que demuestra escasa voluntad de solucionar las cosas», indicaron.
La mayor parte de las empresas que han conseguido obras este año han hecho ofertas a la baja, debido a la escasa actividad que llega a manos del sector, golpeado duramente por la crisis. Además, a los concursos ha concurrido un inusitado número de empresas. «Si lo habitual para un contrato era que pujasen diez, este año lo han hecho 20», matizó ayer un portavoz de ASMADERA. A los empresarios también les preocupa la repercusión que puede tener la falta de cuidados en los montes. «Puede traducirse en más incendios forestales», señaló Luis Alfredo García.
Los empresarios quieren que ante la perspectiva de que no se puedan justificar las anualidades de 2010, debido a que la mayor parte de las obras de licitación todavía no han sido adjudicadas, se pongan todos los medios para garantizar que los importes consignados no se pierdan. Los silvicultores piden la creación, antes de finalizar el año, de comisiones de trabajo formadas por personal de la Administración y por empresas privadas para abordar la gestión de las obras y de las subvenciones y del aprovechamiento de la biomasa forestal.
Además, los empresarios reivindican el cumplimiento íntegro del Plan Forestal y que se detalle el presupuesto destinado a obras exclusivamente forestales. Consideran imprescindible la aplicación, como mínimo, de un 50 por ciento de la inversión pública anual comprometida en el Plan Forestal para llevar a cabo actuaciones en los montes y obras forestales, que en 2011 asciende a 29 millones de euros.
Los responsables de las empresas estiman necesario que a finales de cada ejercicio se elabore una previsión de las obras que se licitarán al año siguiente, para que las empresas cuenten con más información. Para Roza resulta más lógico que dentro del primer trimestre del año, se saque a licitación pública la obra de mayor envergadura.
El Inventario Forestal de Asturias cifra en 165.000 hectáreas el total de la superficie pública arbolada productivamente en todo el territorio de Asturias. Otras 285.421 hectáreas las ocupa la superficie total de los bosques privados de la región, lo que hace un total de 350.000 hectáreas. Expertos como Juan Luis Rodríguez Vigil y Jesús Arango cuantifican en 400.000 las hectáreas de monte susceptibles de aprovechamiento.
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