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La Comisión Europea (CE) ha propuesto reformar la Política Agrícola Común (PAC), para que a partir de 2014 el reparto actual de ayudas sea sustituido por un sistema que prime más a los productores que cumplan ciertas exigencias ecológicas, según han informado fuentes comunitarias.
El Ejecutivo comunitario ha hecho públicas las "grandes líneas" que quiere seguir en la revisión de la PAC que se aplicará desde 2014 (una vez que acaben los actuales presupuestos de la UE), en la que plantea cambios en el reparto de subsidios, pero que deja muchas incógnitas, especialmente sobre su financiación.
Los ministros de Agricultura de la UE se pronunciarán sobre esta propuesta de revisión de la PAC en su reunión del próximo día 29, cuando se comprobará la posición actual de cada uno de ellos y el margen de negociación que queda para cada punto.
Bruselas propone cambiar "sensiblemente" las subvenciones actuales y apuesta por que el montante de la ayuda aumente si el agricultor o el ganadero toman ciertas medidas medioambientales.
España, la tercera beneficiaria de la política con mayor financiación
Con este documento de propuestas se abren oficialmente las discusiones sobre el futuro de la política comunitaria que más dinero absorbe de las arcas de la UE (59.799,6 millones de euros, un 40% del total), y de la que España es el tercer mayor beneficiario, con un total de 7.487 millones de euros en 2009.
El verano próximo, la Comisión Europea realizará un estudio de impacto para tenerlo en cuenta en su proyecto legislativo de reforma que el Colegio de Comisarios aprobará en julio de 2011. Sobre ese texto deberán negociar, después, los ministros de la UE y el Parlamento Europeo (PE), con vistas a aprobarlo en 2012.
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha querido empezar a sentar las bases, pero -consciente de que la PAC dependerá de las decisiones generales sobre el presupuesto de la UE a partir de 2014-, su propuesta está aún muy abierta, especialmente en los criterios de la distribución de las ayudas.
Los objetivos son una PAC "más equilibrada, más verde y más justa", que garantice la producción de alimentos, la lucha contra el cambio climático y el mantenimiento de las zonas rurales, según Ciolos.
Ciolos ha insistido en que no quiere que la PAC se "revolucione" sino que "evolucione", en un tono mucho más conciliador que otros antecesores suyos en la CE, que años atrás hablaban de mercado y de liberalización, antes de la actual crisis.
Cambiar el reparto "obsoleto" de los pagos directos
Lo que sí mantiene la Comisión es su alerta de que se necesita cambiar la manera de repartir los pagos. Ahora, las primas se otorgan por hectárea o por explotación, según unas referencias históricas.
Ciolos plantea acabar con esas referencias "obsoletas" y, en su lugar, poner en marcha otro tipo de ayuda, más "verde" o ecológica, que será más cuantiosa si el productor o el ganadero cumple ciertas exigencias medioambientales.
La ayuda estaría compuesta, por una parte, por una prima fija uniforme para una región o un país, y tendría otra parte que se concedería vinculada a que el productor o el ganadero cumpla unos "servicios" al medio ambiente (no está claro si la unidad sería la hectárea).
Como ejemplo de tales requisitos ecológicos, la CE cita la conservación de pastos, la rotación de cultivos, el barbecho ecológico o la reserva de zonas para fauna y flora.
¿Reducción de los fondos para España?
Bruselas sugiere también una mayor igualdad entre los países a la hora de otorgar los subsidios. Según el documento, la CE pretende igualar el trato a los agricultores de los antiguos y de los nuevos miembros de la UE.
A simple vista esto hace temer menos dinero para España, pero en la práctica no se puede saber, porque los criterios finales están abiertos. Según Ciolos, la reforma "no significa que vayan a reducirse las subvenciones que reciben todos los españoles y aumentar las de todos los polacos".
Otra idea que vuelve, y que no fructificó en anteriores reformas, es la de limitar las subvenciones que cobran los terratenientes. En este caso, el documento de Bruselas la incluye pero matizada porque dice que, antes que fijar un tope, tendría en cuenta los empleos de la explotación afectada.
Multa a España
Precisamente este jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España por no aplicar correctamente la norma comunitaria que tiene como objetivo reducir la contaminación de las instalaciones industriales y agrarias. La sentencia da la razón a la Comisión, que había denunciado que 533 instalaciones en España siguen funcionando sin la autorización medioambiental requerida.
En su defensa, España no discutió el número de instalaciones sin autorización, sino que alegó que el objetivo de la directiva europea sólo es alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente, y no un nivel máximo. Por tanto, ya que el 88,53 % de las instalaciones habían obtenido una autorización conforme, España consideraba haber cumplido con la norma.
