Santander, 31 oct (EFE).- El Gobierno tiene intención de aprobar a finales de este año o principios de 2011 la Ley de Montes, que faculta al Ejecutivo para rectificar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública en el plazo de cinco años y prevé la concesión de subvenciones a actividades de gestión forestal sostenible.
La norma también crea el Consejo Forestal de Cantabria como órgano de carácter consultivo y mantiene la Mesa Forestal para mejorar la competitividad del sector y de las industrias forestales.
Así lo ha explicado, en declaraciones a Efe, la directora general de Biodiversidad del Gobierno, María Eugenia Calvo, que ha subrayado que esta norma supone "una apuesta por la gestión forestal sostenible".
Calvo ha indicado que la Ley de Montes "cierra el círculo normativo" que la Consejería de Desarrollo Rural y Biodiversidad se había planteado impulsar tras la aprobación del Plan Forestal, en el año 2005, con el fin de gestionar el patrimonio natural de una forma "acertada".
En los últimos años, el Ejecutivo ha aprobado leyes como la de Conservación de la Naturaleza, la de Caza o la de Pesca Continental, y "quedaba aún", como "una asignatura pendiente", la que regulará el uso y la gestión de los montes.
La directora general de Biodiversidad ha dicho que, una vez aprobado, este texto normativo se desarrollará mediante reglamentos, y además llevará aparejada una memoria económica que la Consejería está elaborando.
Calvo ha resaltado que la Ley de Montes de Cantabria pretende "simplificar" el régimen de aprovechamientos, para que los ciudadanos pueden acceder con mayor facilidad al uso y disfrute de estas superficies.
El texto normativo establece, como novedad, que las concesiones demaniales, para utilizar de forma privativa una porción de monte, se sometan a concurrencia pública, de acuerdo con la legislación estatal y europea.
La directora general ha señalado que la Consejería cree que ese cambio será "positivo" e implicará "una mayor seguridad jurídica" para los ciudadanos.
De acuerdo con el texto del proyecto de la Ley de Montes, el Gobierno podrá rectificar el Catálogo de Montes de Utilidad Pública para "adecuarlo" a "la realidad de las masas forestales".
Calvo ha recalcado que el Gobierno "no es propietario" de los montes de Cantabria ni quiere "quedarse" con nada "que sea de alguien". "Lo único que queremos es gestionar los montes, respetando los derechos de los ciudadanos", ha apostillado.
La ley también aborda los incendios forestales, para fijar medidas preventivas y la organización de los equipos de extinción, avanzar en la investigación de las causas, y delimitar la restauración de masas arbóreas tras los fuegos.
La ley prohíbe el cambio de uso forestal tras un incendio al menos durante un periodo de 30 años.
El proyecto de la Ley de Montes también recoge qué tipos de ayudas prevé el Gobierno de Cantabria que se puedan plantear en el sector forestal, sujetas a las disponibilidades presupuestarias.
Calvo ha añadido que la ley establece una potestad sancionadora frente a las infracciones en los montes que es "ineludible". "No es un afán recaudatorio. Lo que nos importa es que cuando se cometa una infracción se pueda devolver la zona en lo posible a su estado anterior", asevera.
Las infracciones oscilan de 100 a 1.000 euros (las leves), de 1.001 a 100.000 euros (las graves), y de 100.001 a un millón de euros (las muy graves).
La directora general de Biodiversidad ha recordado que el proyecto de la Ley de Montes se puede consultar en la página web del Gobierno de Cantabria (www.gobcantabria.es), de forma que los ciudadanos pueden formular las alegaciones que estimen oportunas.
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