Los Agents Rurals de la Generalitat han confiscado en los últimos meses a los recolectores ilegales más de 300 toneladas de piñas piñoneras. El producto requisado ha sido depositado en terrenos de los plantariums que la sociedad Forestal Catalana, dependiente de Medi Ambient, tiene en los términos municipales de Sant Feliu de Buixalleu y Santa Perpètua de Mogoda. El traslado a estos lugares responde a la proximidad de los puntos de intervención para evitar gastos de transporte innecesarios.
Según Pere Garriga, máximo responsable ejecutivo de Forestal Catalana, las piñas están a la espera de la orden judicial que determine su destino, muy probablemente el Consorci Forestal de Catalunya, para que las restituya a los respectivos dueños”. No obstante, Garriga apunta otra posibilidad: “aprovecharlas como biomasa o quemarlas para su total y definitiva destrucción”.
Estos decomisos constituyen la prueba de una pequeña parte de la expoliación de productos del bosque, “que perjudican notablemente el rendimiento de nuestras explotaciones”, explica Josep Mataró, presidente de la Associació de Propietaris del Montseny. Mataró añade que la carencia de beneficios deriva de la entrada de madera de Francia a precios bajos y de mejor calidad. Es por ello “que no sale a cuenta limpiar el bosque y, si las ayudas de la administración pública al sector forestal siguen brillando por su ausencia, nos veremos obligados a abandonar la actividad”. A este negro panorama se añade la expoliación de productos.“El monte va camino de convertirse en una selva. Representa el 60% del territorio catalán”, explica este silvicultor indignado porque una presencia masiva de “incontrolados” despojan a los propietarios de las piñas piñoneras de la totalidad de este fruto silvestre”. El Consorci Forestal de Catalunya, que agrupa a los propietarios del 80% de los bosques privados, alega que esta situación va aumentando por la falta de una regulación de acceso al medio natural.
Los cálculos de quienes viven del trabajo del bosque señalan que las pérdidas que generan estos hurtos afectan gravemente sus ingresos derivados de la cosecha del producto, que alcanza los 23 millones de kilos anuales con un valor en el mercado de 7,6 millones de euros. El problema radica en la celeridad de los amantes de lo ajeno porque antes de que los dueños de los pinos empiecen la recolección, aquellos ya se han apropiado de todo el producto y los árboles aparecen como por arte de magia huérfanos de piñas.
Los silvicultores se ven obligados a dejar de recolectar piñas debido al robo de cosechas enteras. Sucede con las piñas piñoneras, pero también las setas, las castañas y los espárragos “atraen la atención de los desaprensivos”, dicen. Josep Maria Tusell, ingeniero del Centre Tecnològic Forestal, opina que, del mismo modo que se controla la caza y la pesca a través de una licencia de pago, también se podría hacer lo mismo con los recolectores de frutos de propiedad privada, como las setas, porque “el Código Civil catalán especifica que lo que se coge sin autorización del titular de la finca constituye un robo penado por ley”.
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