La organización ecologista WWF ha alertado de que las explotaciones agrarias han acabado con el 90% del agua que llegaba a las marismas de Doñana de forma natural debido a los "2.000 pozos ilegales que las abastecen", frente a los 500 legales. Como ejemplo, destacó el arroyo de la Rocina, que ha visto disminuido su caudal "en un 50% en los últimos 30 años".
WWF ha reclamado que el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana defina una superficie máxima de regadíos, elimine las fincas ilegales, cierre los pozos y traslade fincas de zonas sensibles a otras menos sensibles, con el objetivo de reducir el impacto de la agricultura en el Parque Natural.
Los conservacionistas recordaron que actualmente existen en la comarca de Doñana 5.000 hectáreas de cultivos, de las que sólo un tercio tiene permiso para el uso del agua, una situación que ha provocado que el 20% de los arroyos y cursos de agua se encuentren "seriamente alterados por la agricultura ilegal".
"Pozos legales e ilegales consumen anualmente más de 36 millones de metros cúbicos de agua, según las estimaciones más conservadoras", detalla WWF, que llama la atención sobre el hecho de que la "competición por el agua" haya provocado que muchos agricultores construyan "más de 200 balsas de riego para almacenar el agua que sacan el acuífero, en las que el líquido se pierde por evaporación".
La organización alertó sobre la "fragmentación del territorio, la sobreexplotación del acuífero, el vertido directo de aguas residuales a los arroyos y al suelo, y el incremento de riesgo de incendios", por lo que denunció que el plan de regadíos no vaya más allá y suponga la práctica "amnistía" de los cultivos ilegales.
WWF explicó que en la actualidad existen en total 2.173 hectáreas de cultivos en monte público, y una extensión "desconocida" en monte privado, y lamentó que algunos municipios posean la mayor parte de sus cultivos de fresa en monte público, como Lucena del Puerto (un 90% de sus explotaciones freseras).
La organización recuerda que los cultivos ilegales compiten deslealmente con los legales y que los excedentes obligan a continuas bajadas de precio. Además, alertaron sobre las mil viviendas de temporeros y otras instalaciones, como naves y oficinas, que existen en suelo rústico, así como sobre "la enorme proliferación de caminos y tendidos eléctricos, muchos de ellos en situación precaria".
WWF ha reclamado que el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana defina una superficie máxima de regadíos, elimine las fincas ilegales, cierre los pozos y traslade fincas de zonas sensibles a otras menos sensibles, con el objetivo de reducir el impacto de la agricultura en el Parque Natural.
Los conservacionistas recordaron que actualmente existen en la comarca de Doñana 5.000 hectáreas de cultivos, de las que sólo un tercio tiene permiso para el uso del agua, una situación que ha provocado que el 20% de los arroyos y cursos de agua se encuentren "seriamente alterados por la agricultura ilegal".
"Pozos legales e ilegales consumen anualmente más de 36 millones de metros cúbicos de agua, según las estimaciones más conservadoras", detalla WWF, que llama la atención sobre el hecho de que la "competición por el agua" haya provocado que muchos agricultores construyan "más de 200 balsas de riego para almacenar el agua que sacan el acuífero, en las que el líquido se pierde por evaporación".
Especies en peligro
WWF explicó que los primeros en resentirse de esta carencia de agua en las marismas de Doñana son las especies que crían más tarde, como la cerceta pardilla (en peligro de extinción), y la vegetación que necesita más humedad, como los bosques de ribera o los alcornoques.La organización alertó sobre la "fragmentación del territorio, la sobreexplotación del acuífero, el vertido directo de aguas residuales a los arroyos y al suelo, y el incremento de riesgo de incendios", por lo que denunció que el plan de regadíos no vaya más allá y suponga la práctica "amnistía" de los cultivos ilegales.
WWF explicó que en la actualidad existen en total 2.173 hectáreas de cultivos en monte público, y una extensión "desconocida" en monte privado, y lamentó que algunos municipios posean la mayor parte de sus cultivos de fresa en monte público, como Lucena del Puerto (un 90% de sus explotaciones freseras).
La organización recuerda que los cultivos ilegales compiten deslealmente con los legales y que los excedentes obligan a continuas bajadas de precio. Además, alertaron sobre las mil viviendas de temporeros y otras instalaciones, como naves y oficinas, que existen en suelo rústico, así como sobre "la enorme proliferación de caminos y tendidos eléctricos, muchos de ellos en situación precaria".
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