El Sindicato Labrego Galego (SLG) acusó ayer a la Xunta de estar llevando a cabo una estrategia "para convertir el agro gallego en pasto de las industrias y el fuego". La secretaria general del SLG, Carme Freire, denunció que el Gobierno autónomo está permitiendo la forestación de terrenos agrarios para "favorecer el rendimiento de las industrias forestales y las multinacionales energéticas", una práctica prohibida por la Lei de Prevención de Incendios Forestais.
La organización, según Freire, ha denunciado por escrito en los últimos cuatro años un total de 68 plantaciones ilegales de especies forestales en fincas agrícolas ubicadas en 17 ayuntamientos de las provincias de A Coruña y Lugo. El SLG cree que la falta de respuesta de la Xunta ante estas "reiteradas denuncias" es una señal inequívoca del "incumplimiento flagrante" de la normativa y de la intención de la Consellería de Medio Rural de "legalizar" estas plantaciones.
El sindicato sostiene que la consellería utilizará la futura Lei de Montes para regularizar las forestaciones denunciadas en los últimos años.
El borrador de esta norma, presentado el pasado mes de junio en el Consello de la Xunta, prevé, según el SLG, la legalización de la plantación forestal en terrenos agrarios, una actividad contraria a la Lei de Prevención de Incendios Forestais de 2007, que prohíbe expresamente la repoblación forestal en suelo urbano, núcleos rurales y zonas dedicadas al labrantío, cultivo, prados y pastos [art 25]
Las consecuencias
El sindicato alerta que esta regularización provocaría la reducción de zonas de cultivo, el abandono de la actividad labriega y, consecuentemente, condenaría a Galicia "a una dependencia alimentaria".
La organización asegura que la estrategia de la Xunta va más allá e incluye la concesión de ayudas públicas a los promotores de las plantaciones denunciadas.
La Consellería de Medio Rural defiende, sin embargo, que la futura Lei de Montes, la primera con la que contará la comunidad, aspira a consolidar "el liderazgo forestal" de Galicia. Según declaró el presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuando presentó el proyecto, la ley crea 26.000 empleos directos y 50.000 indirectos y tendrá un efecto beneficioso para el medio ambiente y para la economía, ya que el sector forestal representa un 3,5% del PIB gallego.
[art. 25 de la Ley de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia]
Artículo 25. Usos prohibidos con carácter general.
1. Se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Se prohíben las repoblaciones forestales en suelo urbano y núcleos rurales.
b) Se prohíben las repoblaciones forestales en zonas dedicadas a labradío, cultivo, prados o pastos, con independencia de su calificación urbanística.
2. En zonas incluidas en un proceso de concentración parcelaria, los usos habrán de adaptarse al plan de ordenación de cultivos o forestal, tal y como prevé la Ley 10/1985, de 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, con sus sucesivas modificaciones.
3. Podrá admitirse, en caso de que exista un plan de ordenación de cultivos o forestal, un cambio de uso de tierras agrícolas, siempre que no interfiera en el desarrollo agrario de la zona. Para la aprobación de esta forestación será obligatorio que la misma se realice con frondosas caducifolias u otras plantas autóctonas de estación, priorizando el aprovechamiento integral del uso.
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