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España debe frenar cualquier intento de rebajar el presupuesto que la nueva Política Agraria Común (PAC) pretende destinar a los agricultores más "verdes" y que, en el caso español, pueden rondar en torno los 2.000 millones de euros anuales, según los grupos ecologistas consultados hoy por EFEVerde.

La PAC, cuyas negociaciones comienzan hoy en Bruselas, es la política que más dinero absorbe del presupuesto comunitario, con unos 56.000 millones anuales, y España es uno de los países más beneficiados.

La nueva PAC (2014-2020) quiere "verdear" la política agrícola, mediante la concesión de un 30 % de las ayudas directas (el llamado Pilar 1) a los productores que hagan esfuerzos medioambientales y el 25 % del presupuesto destinado a desarrollo rural (Pilar 2).

El peligro, según Ana Carricondo, responsable de Agricultura de SEO/Birdlife, estriba en que la UE rebaje estos porcentajes durante las próximas fases de negociación.

Según sus estimaciones, España podría beneficiarse del 30 % en "pagos verdes" de los 5.000 millones anuales que recibe en concepto del Pilar 1, y del 25 % de los alrededor de mil millones anuales del Pilar 2.

Entre las prácticas que se quieren premiar figuran la rotación de los cultivos, el pastoreo permanente y destinar un 7 % de la superficie de la explotación a actividades de valor ecológico.

Carricondo ha valorado los cambios introducidos a última hora en la reforma agrícola, aunque "se quedan cortos, porque la agricultura española está muy diversificada y es muy rica desde el punto de vista ambiental".

En España, la mitad de la Red Natura 2000 -la joya de la corona de espacios naturales de la Unión Europea- tiene un uso agrario, a los que se suman otros espacios agrarios de gran valor natural.

Una crítica común de las organizaciones ecologistas españolas es que la futura política agraria sigue potenciando las grandes explotaciones intensivas, de modo que la mayor parte del dinero se destinará a ayudas directas, desligadas de objetivos ambientales.

"El sector agrario -ha agregado Carricondo- tiene mucho peso y ha defendido, ante todo, el mantenimiento de las ayudas, pese a que después tampoco le satisface porque el 20 % de las explotaciones españolas acaparan el 80 % del total".

En una línea similar, el director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, ha señalado a EFEVerde que los sindicatos del sector continúan "enrocados en las antiguas posturas de la PAC".

"Cada reforma es igual, los sindicatos protestan y el ministerio hace lo que le dicen. En lugar de llorar, deben dar un salto cualitativo", ha razonado De Miguel, que aboga por la definición de indicadores ambientales y dejar de pensar que el medio ambiente es un obstáculo para el medio ambiente.

A modo de ejemplo, ha explicado que Francia está realizando 100.000 evaluaciones en explotaciones agrarias para determinar la cantidad de carbono que fijan.

En España, su Fundación ejecuta el proyecto LIFE+ Agri Climate Change, en colaboración con organizaciones de Francia, Italia y Alemania, para conocer el potencial del terreno agrícola como sumidero de carbono.

Al norte de Europa, "no le interesa establecer indicadores de biodiversidad muy precisos, pero sí a España. El Gobierno aún no se ha dado cuenta de la importancia de coordinar estos datos".