La Junta de Castilla y León pagará parte de lo adeudado con las empresas forestales

visto en la opinión de Zamora


J. A. García
Las cuadrillas de trabajadores ocupadas por montes y laderas en labores selvícolas de muy diferente naturaleza, como reforestaciones, repoblaciones, limpiezas, clareos y acondicionamiento de áreas recreativas han desaparecido de la escena, al tiempo que el sector de las empresas forestales ha quedado reducido a la mínima expresión, sino desaparecidas, o, en casos, limitadas al personal de oficina. Las supervivientes auguran o temen el cierre patronal. De ahí su persistentes denuncias durante las últimas fechas de la situación ante la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y su reiterado llamamiento a un encuentro con el máximo responsable, Antonio Silván.

La reunión tuvo lugar, por fin, el pasado viernes, resolviéndose con «el firme compromiso» del consejero de pagar, en cuatro meses, la deuda de 40 millones de euros contraíada desde el pasado mes de junio con la Asociación Nacional de Empresas Forestales. No obstante, la cifra se teme superior al no recoger Asemfo a la totalidad de las empresas forestales. Y sobre todo, si, como apuntan algunos afectados, «se reclama el interés legal de un 8% en concepto de gastos de demora».

De no abonarse, se da por seguro que a partir de marzo «no se podrá afrontar la precampaña de incendios forestales» con cuadrillas privadas.

El gran declive del sector forestal devino no sólo por los impagos, también por caer completamente los proyectos de obras. «Desde septiembre no existe operativa ninguna cuadrilla de empresa privada», expresan fuentes de una importante empresa ligada de lleno al mundo forestal. Es la dura actualidad de un sector que llegó a mover en la provincia de Zamora un número importante de empresas, cuadrillas y «si decimos mil personas tal vez nos quedemos cortos».

El revés duele aún más porque golpea a uno de los sectores más prometedores en la generación de trabajo y en asentar población en el medio rural, hasta el punto que, según indican, «algunas personas decidieron asentarse y crear familia en los pueblos» animados por un empleo en el campo forestal que todo el mundo, especialmente los responsables de las administraciones, aventuraban como de futuro y de consolidación. Se recuerda, al respecto, que el Plan Forestal de Castilla y León, aprobado por decreto de 2002, concedió una sobresaliente importancia a los trabajos de mejora de los bosques, a la prevención y extinción de incendios, «como medidas para garantizar la dinámica de los sistemas forestales, sus hábitat y diversidad biológica».

Según explica el responsable de una empresa que sigue en vida, todo se torció por la actitud adoptada desde las instancias de la Administración, que en lo tocante al manejo de los presupuestos, «decidió recortar de lleno en inversión sin tocar apenas el capítulo de gastos corrientes, al del pago a los funcionarios». «Las empresas forestales prestan sus esfuerzos a obras y servicios, repartidos en trabajos relacionados con los incendios, con los tratamientos selvícolas y con las repoblaciones. Se apostó por obras de larga duración para proporcionar empleo durante diez u once meses al año a los trabajadores, de forma que tuvieran garantizada una estabilidad» afirma esta persona, hoy día engañada y frustrada por los hechos.

La situación se quebró cuando la Consejería de Medio Ambiente exigió la reanualización o alargamiento de los contratos firmados con las empresas, justificando en la orden correspondiente «la concurrencia de razones excepcionales de interés público en los contratos formalizados relativos a la realización de tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales». Según recoge la citada Orden de 22 de diciembre de 2010, «la situación actual de contracción económica ha determinado una reducción del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente destinada a las inversiones en montes».

«Nosotros somos empresas y no podemos trabajar cinco meses o seis y cerrar, porque entonces seríamos autónomos» señala. El cambio de condiciones pactadas y reflejadas en los contratos afectó a la solidez de las empresas forestales y a la seguridad laboral de los trabajadores, hasta el punto que los responsables empresariales no tardaron en trasmitir al responsable de Desarrollo Sostenible de la Junta el impacto de esta modificación contractual, «cuyo recorte supone una caída en la facturación superior al 50%, lo que provocaría de inmediato una situación económica límite, que iba a poner a muchas empresas en el camino de la desaparición». Comenzó así, según se detalla, «una fase de reestructuraciones, reorganización de obras ya adjudicadas o en proceso de adjudicación, regulaciones de empleo o planificación de bajas indefinidas con el único fin de reducir costes productivos».

Las empresas criticaron, además, «la inflexibilidad» de la Junta de Castilla y León. Algo que hicieron saber al señalar que «la realidad obliga a la reciprocidad de la Junta, o todo conducirá a un camino sin retorno». Además, critican el interés de Medio Ambiente «de cubrir únicamente el periodo de la campaña de incendios, que es lo que sale en la prensa», olvidándose de que las empresas realizan contratos de obras, no de servicios». De este modo el pilar de la seguridad laboral que gozaban cientos de personas en el medio rural, durante muchos meses del año, se derrumbó y se fue «al garete».

Ya en octubre de 2010 Asemfo transmitió al propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que el recorte del presupuesto para la prevención y extinción de incendios en la comunidad, para el año 2011, «suponía la supresión de 31 cuadrillas, que afecta a un total del 40% del operativo de prevención y extinción». Exponían incluso de que de cumplirse «asistiríamos a la ruina del sector forestal, a la desaparición de un número importante de empresas de servicios forestales que crean riqueza y empleo». Incluso califican el servicio prestado como «de interés colectivo».

Es de resaltar, como las propias empresas indican, que la facturación depende en muchos casos totalmente de la Junta de Castilla y León, y reiteran que aceptar las condiciones de la Junta sería la quiebra, la ruina o la firma de la sentencia de muerte.

Fuentes forestales han dibujado el declive sobre «la falta de dinero de la Administración regional», que se ha traducido, en lo tocante a repoblaciones, «a que hayan sido cero desde hace cuatro años». Únicamente ha habido repoblaciones de particulares, subvencionadas por Europa. A la gestión de estas ayudas de la PAC forestal es a lo que han agarrado algunas empresas, pero, según afirman también dejaron de pagarse hacer un año.

En lo que se refiere a gastos, los tratamientos selvícolas dejaron de pagarse en junio del pasado año, y desde septiembre las horas extras efectuadas en las tareas de extinción de incendios.

Obras y servicios
Las empresas centradas en los trabajos selvícolas aparecieron o crecieron con fuerza tras la aprobación del Plan Forestal de Castilla y León, que contemplaba programas de conservación y mejoras de bosques, así como la defensa de los mismos ante los incendios con trabajos de podas, limpiezas, clareos y otras acciones que, además, favorecían la vitalidad de los hábitats y la diversidad biológica


Empleo seguro y estable

Las empresas forestales, amparadas por la política de la Administración regional, consiguieron que los contratos de los trabajadores, temporales y limitados a las campañas de verano, se extendieran a diez u once meses gracias a la filosofía «de que los fuegos se apagan en invierno», y era durante todo el año cuando había que atender los montes.



Modificación de contratos


La Consejería de Medio Ambiente, justificando la contracción económica, redujo el presupuesto destinado a las inversiones en montes, e impuso el alargamiento de los contratos firmados con las empresas. Este decisión llevó al sector a realizar regulaciones de empleo y a anunciar que los recortes «iban a poner a muchas empresas en el camino de la desaparición»

Impagos


La Junta de Castilla y León dejó de pagar el pasado mes de junio y adeuda incluso, desde septiembre las horas extras realizadas por las cuadrillas en las labores de extinción de incendios. La suma supera los 40 millones de euros.



«Factoring»


La recomendación de recurrir al factoring para cobrar las deudas, y que las empresas llegaran a un acuerdo de crédito con las entidades financieras, fracasó por la desconfianza de éstas.


Compromiso

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio silván, se comprometió el pasado viernes a saldar la deuda de la Administración con las empresas antes de final del mes de mayo.