En el texto rechazado se instaba a las Cortes de Castilla-La Mancha a posicionarse en la defensa de los montes públicos y en contra de la privatización de los mismos y se manifestaba el apoyo al mantenimiento de la propiedad y del régimen jurídico de los montes demaniales.
La diputada del PP Carolina Hernández ha concretado que de las 3.564.780 hectáreas de superficie forestal que tiene la región, el 4,78 por ciento son de titularidad de la Junta, y ha sostenido que "la mayoría seguirá siendo" público.
En todo caso, según ha aseverado Hernández, la Junta procederá a la venta de fincas rústicas que estén infrautilizadas o en estado de semiabandono y ha garantizado que la Administración regional actuará "con escrupuloso respeto a la ley, en todas las actuaciones" y que "nunca se venderán las fincas que no permita la ley o que estén declarados espacios protegidos".
"Es falso que estas ventas perjudiquen al medio ambiente", ha sostenido la diputada del PP, tras insistir en que, en caso de que se lleguen a concretar estas operaciones, "se harán con transparencia absoluta" y se trasladará toda la información a la opinión pública.
La diputada socialista Blanca Fernández ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha sí tiene la intención de vender 57 de los 228 montes públicos de la región (19 de Ciudad Real, 13 en Albacete, 11 en Guadalajara, 8 montes en Cuenca y 6 en Toledo), que protegen una superficie de 41.000 hectáreas en la región.
Según ha afirmado, esto ha quedado demostrado, en primer lugar, por las denuncias de los funcionarios de Agricultura que "recibieron instrucciones por parte de la consejería para realizar una serie de informes de montes selectos con detalles preocupantes", algo por lo que iniciaron una campaña de recogida de firmas, que en una semana reunió 12.000 apoyos.
Y también, ha continuado la diputada socialista, por la reunión entre las organización ecologistas y la Dirección General de Montes, que "les reconoció que existe un plan" para la venta de montes públicos y, además, porque los presupuestos contemplan un ingreso de 45 millones de euros por venta de terrenos no urbanos. EFE
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