Paola Obelleiro - A Coruña
La Xunta intenta dar un giro conciliador en su hasta ahora estrategia de echar balones fuera, como si no fuera con ella, ante una trama, destapada por casualidad hace ya dos años y bajo investigación judicial, para defraudar subvenciones forestales. Afecta a decenas de vecinos de la Costa da Morte, que aparecen, sin su conocimiento, como demandantes y beneficiarios de ayudas de silvicultura de Medio Rural para reforestar parcelas de las que ni siquiera son dueños. Y son cientos de miles de euros de las arcas públicas los que se evaporaron de cuentas bancarias a nombre de personas que nunca habían pisado esas entidades, ni sabían de su existencia, según reconoció ayer en el Parlamento el secretario xeral de Medio Rural y Montes, Tomás Fernández-Couto. Pero dejó en manos de la justicia toda la responsabilidad de investigar y determinar responsabilidades de un caso “que causa gran alarma social”, recalcó la oposición.
Es la primera vez que un alto cargo de la Xunta reconoce la “gran preocupación” de la Administración gallega "ante un tema que no es menor, en el que se jugó con las personas y se falsificó documentación", además de usurpar identidades de personas en algunos casos muertas meses antes de solicitar y recibir una subvención pública de silvicultura.
Al segundo de la conselleira Rosa Quintana en Medio Rural, ayer en respuestas a varias preguntas de la oposición, le costó calificar este entramado como un “evidente engaño y falsificación”. Pero Fernández-Couto reaccionó con una de cal y otra de arena. Por un lado, prometió ahora recibir a los afectados, incluidos los que le denunciaron el caso por escrito sin jamás obtener respuesta y, en un intento de “tranquilizar y dar mayor seguridad a los ciudadanos”, aventuró que “está casi garantizado” que este caso “no tendrá ninguna consecuencia para quienes les suplantaron su identidad”. Pero el alto cargo de la Xunta evitó comprometerse a más investigación y depuración de responsabilidades en su departamento por la gestión a todas luces irregular de estas ayudas. Fernández-Couto se escudó una y otra vez en que si bien puede haber falsificación de documentos para defraudar dinero público, lo que sí está comprobado y certificado “al 100%” es que se realizaron los trabajos forestales subvencionados y bajo sospecha.
El supuesto fraude, por el que está imputado como principal implicado Manuel Maceiras Hermida, que comparte con su esposa una empresa de servicios forestales en Vimianzo, alcanza, según reconoció Fernández-Couto, a “parte de 88 expedientes” de ayudas forestales tramitadas entre 2008 y 2012 en la Costa da Morte “por un volumen total de 918.000 euros”. Cada expediente, para una ayuda que cubre el 70 o 80% de los trabajos de repoblación forestal, suma una media de 10.000 euros. “La situación está bien encajada”, reivindicó Fernández-Couto en referencia a una investigación judicial que aseguró “muy avanzada” pese a su aparente lentitud —lleva más de dos años abierta. “No miramos para otro lado, ni ocultamos nada, el caso está donde debe estar”, en un juzgado, remachó.
El alto cargo se negó a hablar de investigar actas incluidas en este caso y firmadas por funcionarios. “Las actuaciones están tomadas” en el seno de Medio Rural, dijo. “Son falsificaciones difíciles de detectar, pero ahora es ya imposible porque se endurecieron los requisitos” y controles para obtener estas ayudas. Ante la insistencia de la oposición, que amenazó con denunciar el caso ante la Unión Europea dado que son subvenciones financiadas con fondos comunitarios, el responsable de Montes de la Xunta prometió, no obstante, indagar sobre actas de comprobación que funcionarios firmaron en presencia supuestamente de propietarios de parcelas que ni eran los dueños, ni en algunos casos ni siquiera estaban vivos. Aunque trató de minimizar esas situaciones. “Todos tenemos fecha de caducidad y son muchos los expedientes cuyos solicitantes fallecen” durante la tramitación, aseguró.
Pero tanto Tereixa Paz (BNG) como Marisol Soneira (PSdeG) coincidieron en alertar que al no mover ficha la Xunta, se extiende “el rumor de que es dinero público que se defraudó para blanquear capitales o financiar ilegalmente no se sabe qué”. “No hablamos de que haya responsabilidad directa de la Xunta, pero si alarma y sospechas por su falta de reacción ante un fraude”, apuntó Antón Sánchez, de AGE.
Noticia vista en: elpais.com
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