El proyecto, con una duración de tres años y medio, pretende consolidar la experiencia pionera en montes de socios que la Asociación viene desarrollando en los últimos años en la provincia y trasladarla a otros territorios de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Asturias.
En muchas zonas de España, son habituales los montes cuyo titular es un colectivo de propietarios. Denominaciones como “Monte de la Sociedad de Vecinos”, “Monte del Común”, “Sociedad del Monte” o “Sociedad de Baldíos”, son usuales en toda la geografía nacional, especialmente en las zonas más
interiores del centro y de la mitad norte.
Estas denominaciones esconden, por lo general, una realidad de pro indiviso, en los que la propiedad corresponde a la vez a distintas personas físicas o jurídicas, en muchos casos varios centenares, las cuales poseen un porcentaje de copropiedad sobre el correspondiente monte.
La situación de muchos de estos montes está muy lejos de lo que sería ideal.
Hay casos cercanos al casi total abandono, con lo que eso supone de riesgo de plagas, incendios, etc.
Una realidad de importante calado superficial y social La existencia de este tipo de montes ha permanecido tradicionalmente ignorada por las estadísticas forestales. Los montes de socios se han
incorporado dentro del grupo de montes privados, desconociéndose por tanto de forma oficial su verdadera magnitud, y quedando al margen de las políticas institucionales de gestión forestal.
Las investigaciones coinciden en señalar que este tipo de montes ocupan un importante porcentaje de la superficie forestal nacional. Como ejemplo, el caso de la provincia de Soria, donde la superficie ocupada por este tipo de montes ronda las 150.000 hectáreas, o lo que es lo mismo una superficie próxima a
toda la provincia de Guipúzcoa.
De igual manera, se sabe que en Castilla la Mancha este régimen de propiedad es muy frecuente, alcanzando varios cientos de miles de hectáreas.
Sin embargo son muchos los territorios donde todavía se ignora el alcance superficial de este tipo de montes.
Además de por la ingente superficie ocupada la trascendencia de los montes de socios queda reflejada en el número de personas afectadas. Las estimaciones de la Asociación Forestal de Soria a partir de los casos en los que ya se han reconstruido los árboles genealógicos de los compradores originarios, indican que a fecha de hoy habría una media de 300 condueños por cada monte. Para el caso de la provincia de Soria, donde posiblemente existan más de 400 montes de este tipo, la cifra de interesados sería superior a las 120.000 personas.
Una realidad del siglo XIX que necesita adaptarse al marco legal del siglo XXI
El origen mayoritario de estos montes data de las épocas desamortizadoras (1855 – 1924), cuando el Estado Español puso a la venta los bienes de las entonces consideradas como manos muertas (clero, ayuntamientos, universidades, órdenes militares, etc.), sometiéndolos a pública subasta.
Fue entonces cuando los vecinos de los pueblos, temerosos de ver desaparecer los espacios en que venían desarrollando sus actividades principales (pastoreo, extracción de leñas, etc.) tuvieron que movilizarse y encontrar el dinero suficiente para, entre todos, acceder a las subastas, hipotecando por lo general para muchos años sus economías familiares.
El marco legal vigente para este tipo de montes es el Código Civil de 1889 que se encuentra totalmente obsoleto y genera grandes trabas administrativas a la hora de adoptar decisiones o de realizar cualquier trámite. Primero, por la dificultad para acreditar la titularidad de los montes, ya que aunque las
adquisiciones quedaron reflejadas mayoritariamente en los Registros de la Propiedad, sin embargo, los tractos están sin actualizar desde hace más de cien años. Segundo, porque exige consensos mayoritarios para tomar acuerdos, algo difícil de alcanzar si tenemos en cuenta la dispersión de los propietarios que en muchos casos emigraron.
La Ley Básica de Montes, publicada en el año 2003, ha flexibilizado –gracias a la modificación impulsada por la Asociación Forestal de Soria- las posibilidades de gestión creando la figura de las Juntas Gestoras. Una Junta Gestora válidamente constituida puede administrar y gestionar el monte en régimen de pro indiviso y sus aprovechamientos forestales, energéticos y mineros.
En este marco se han puesto en funcionamiento veinticinco casos en España.
Siete de ellos en el Principado de Asturias y los otros dieciocho en la provincia de Soria y promovidos por la Asociación Forestal de Soria en base a un acuerdo de colaboración suscrito con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Los resultados obtenidos han despertado el interés de
otros montes de socios en Soria y en otros territorios de Guadalajara, Zaragoza, Zamora, Segovia, León o la parte occidental de Asturias. Es en el marco de este Proyecto Piloto en el que se pretende acabar de extender a la metodología de trabajo ya ensayada al resto de la provincia de Soria y trasladarla a otras de la mitad norte del país.
Objetivos del proyecto
El Proyecto Piloto pretende recuperar y poner en valor los montes de socios y a través de ello contribuir al desarrollo económico, a la modernización y la mejora de la calidad de vida en el medio rural.
Para lograrlo se han marcado tres grandes objetivos. Por un lado, avanzar en el conocimiento de los montes de socios. En segundo lugar, desarrollar ejemplos demostrativos de saneamiento de estos montes a través de la constitución de Juntas Gestoras. Y por último, la elaboración de una propuesta normativa básica que establezca un marco legal específico para los montes de socios.
De cara a generalizar el conocimiento de los montes de socios se plantea la realización de rigurosos estudios que permitan recuperar el Fondo Documental de la Desamortización Forestal y la identificación catastral de estas superficies.
También se pretende dar a conocer el proyecto entre la población local para que se impliquen en la recuperación patrimonial de sus montes.
El segundo objetivo del proyecto piloto es extender la metodología de trabajo elaborada para Soria y reconocida por los órganos forestales de Castilla y León, al resto de territorios y regiones del proyecto. El fin último es crear una red de montes demostrativos en los que se constituirá su correspondiente
Junta Gestora para su puesta en valor.
El último objetivo del proyecto piloto es la definición de un marco legal específico para los montes de socios de modo que se acabe con las dificultades derivadas de la ausencia de reconocimiento actual. Para la elaboración del proyecto de ley se creará un Grupo Nacional de Trabajo de la Propiedad Forestal Colectiva, en el que participarán expertos de esta forma tan especial de propiedad, así como representantes de las diferentes instituciones y administraciones a las que afectará este hipotético marco: Servicio de Patrimonio Forestal del Ministerio de Medio Ambiente (Área de Propiedad), Administraciones Forestales Autonómicas, Propiedad Privada, Universidad, Notarios, Registradores de la Propiedad, Jueces y Fiscales de las Audiencias Provinciales, representantes de las Diputaciones Provinciales, representantes de Hacienda y Catastro, etc. El Grupo Nacional de Trabajo ha comenzado a
definirse a partir del “1er Encuentro Nacional sobre Propiedad Forestal Colectiva”, que se celebró en Soria los días 10 y 11 del pasado mes de noviembre.
El antes y el después del Proyecto
Todo este trabajo tiene además su repercusión directa en cada pueblo provocando un proceso de dinamización del grupo social. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las compraventas se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX, la reconstrucción de los árboles genealógicos para constituir una
Junta Gestora, supone remontarse cuatro o cinco generaciones, recuperando la historia personal de cada condueño. Este trabajo de revitalización de la historia local, conlleva también un reconocimiento del esfuerzo acometido por los antepasados, en la medida que fueron capaces de adquirir y conservar los
montes.
Además, la constitución de una Junta Gestora abre las puertas a una gestión sostenible del respectivo monte. Permite que se planifique su puesta en valor tanto en lo referente a la realización de inversiones y mejoras como en lo relacionado con la explotación de los recursos naturales renovables que allí existen.
Así pues, el antes y el después de la constitución de la Junta Gestora son totalmente diferentes. Se pasa de una situación de olvido y abandono a otra de generación de actividad y empleo en el medio rural y la conservación y mejora de su patrimonio natural.
Esta puesta en valor de esos espacios antes abandonados o infrautilizados es de especial relevancia en los territorios donde se está desarrollando el proyecto, al ser zonas deprimidas, con una agricultura y ganadería marginales, y que no suelen tener otros recursos más allá de los forestales.
0 comentarios realizados :
Publicar un comentario