Según WWF todas las CC.AA, menos Andalucía, suspenden en la lucha contra uso de venenos

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Todas las comunidades autónomas menos Andalucía han suspendido en su trabajo en la lucha contra el veneno que, en los últimos 15 años, ha causado la muerte de, al menos, 20.000 aves rapaces, la mayoría de ellas de especies en peligro de extinción, según denuncia un informe de WWF España

Así, la organización conservacionista ha elaborado el trabajo 'La lucha contra el veneno en España. Clasificación por comunidades autónomas' en el que han realizado un 'ránking' sobre la efectividad de las medidas contra los cebos envenenados, tras realizar una evaluación teniendo en cuenta ocho criterios y que las clasifica entre 'aprobado' o 'en el buen camino', 'necesita mejorar', 'muy insatisfactorio' y 'graves carencias'.

El responsable del programa de biodiversidad de WWF España, Luís Suárez, ha subrayado que el veneno es "la principal amenaza" para la conservación de especies de aves e incluso para el oso pardo, al tiempo que ha insistido en que la lucha contra el veneno es "una de las peleas más largas" de las organizaciones conservacionistas.

Suárez ha explicado que el documento revela que Andalucía encabeza el 'ranking' por su "notable trabajo en la lucha contra el veneno en los últimos años", por lo que es "la única" comunidad autónoma que recibe un aprobado y pasa sin apuros los ocho criterios evaluados, cinco de ellos con buena nota y manteniendo una "amplia ventaja" sobre las demás.

De este modo, uno de los autores del informe, Carlos Cano, ha precisado que 12 de las 17 autonomías han obtenido resultados "muy bajos" en la evaluación, por lo que Andalucía duplica o triplica las puntuaciones de algunas de las otras, ya que tiene una estrategia clara de prioridades e incluso tiene un equipo dedicado exclusivamente a esta tarea, en el que figuran tres unidades caninas de detección de veneno.

Según Cano, en el segundo grupo, el de los que están "en el buen camino pero necesitan mejorar", se situarían Castilla-La Mancha y Castilla y León, además de Cataluña y Baleares. A este respecto, Suárez y Cano destacan que Castilla y León ha progresado "mucho" respecto a 2009 y le ha dado un importante impulso a la elaboración del Plan regional de acción contra el veneno.

En el caso de Castilla-La Mancha, el estudio concluye que se ha estancado en esta materia y que está buscando "muy poco veneno" e imponiendo "muy pocas sanciones". Además, recuerdan que esta autonomía es "clave" en la conservación de algunas especies.

Por su parte, Aragón encabeza el grupo de calificación 'muy insatisfactorio' y le acompaña Asturias y Murcia que "han comenzado a trabajar mínimamente". Mientras, en el grupo de graves carencias figuran Extremadura y Navarra, a las que "les falta mucho por avanzar" y que son dos de las comunidades autónomas con mayores poblaciones de buitres y carroñeros.

MADRID, LA ÚNICA QUE NO SE COMPROMETE

Asimismo, han denunciado que Madrid tiene una situación "muy llamativa" porque es "la única" que no se ha comprometido a realizar un plan regional de lucha contra el veneno, pese a tener indicadores "muy negativos".

En el último puesto de la clasificación figura la Comunidad Valenciana, que no está realizado acciones "reseñables en ningún aspecto" y que está "obviando absolutamente" la importancia del veneno, según el informe. "La respuesta adoptada hasta la fecha por casi todas las comunidades autónomas no es equiparable a la magnitud e importancia del problema y denota una falta de voluntad política, ya que existen suficientes herramientas técnicas y legales para poner freno al problema, tan solo es necesario aplicarlas", ha lamentado.

Para Suárez, esta situación es la prueba del "desinterés y la falta de voluntad política para hacer frente a este problema, ya que tan solo en 2010 se ha conocido la muerte de 13 águilas imperiales y más de cuarenta milanos reales. El águila imperial es una especie en peligro de extinción en todo el mundo y sólo existen 250 parejas, todas ellas en la Península Ibérica, mientras que el milano real está en un "franco declive", por lo que la especie está declarada 'en peligro crítico de extinción' en varias comunidades autónomas, puesto que "el uso de cebos envenenados se mantiene en la mayoría" de las regiones.

En este contexto, WWF pide un "claro compromiso" por parte de todas las administraciones de que se va a luchar contra el problema, porque tiene repercusiones sociales y políticas, pero sobre todo afecta a poblaciones y especies amenazadas.

De este modo, exigen la aprobación formal en los boletines oficiales de cada autonomía los planes regionales y estrategias de lucha contra el veneno; aumentar la disponibilidad de recursos humanos y materiales, como el establecimiento de patrullas especializadas porque, en su opinión, si no se capacita al personal es difícil detectar el veneno, por lo que estiman como una acción importante la especialización de agentes y dotarlas de patrullas caninas --algo que sólo ha hecho Andalucía--.

Igualmente, reclaman mayores esfuerzos en las tareas de vigilancia y prevención así como en las acciones de sensibilización de los grupos de riesgo, especialmente a los cazadores y ganaderos y, en caso de incumplimientos, el establecimiento de resoluciones "ejemplarizantes, recuperadoras, cautelares o sancionadoras", que sirvan de pedagogía a los posibles infractores con esta "práctica ilegal".

En este sentido, insisten en que la Ley de Patrimonio Natural y Conservación de la Biodiversidad permite las sanciones y suspensiones de coto y, en cuanto al papel que debería desempeñar, a su juicio, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), han incidido en que tiene la "responsabilidad" de coordinar por lo que debe volver a tomar la iniciativa.

Precisamente, este jueves se convocó al Grupo de Trabajo de Ecotoxicología, pero Suárez ha apuntado que este grupo llevaba cinco años sin reunirse para abordar la cuestión de los cebos envenenados. "El MARM se tiene que reactivar, debe tener un papel de liderazgo a nivel nacional, con acciones de comunicación y sensibilización", ha apostillado, al tiempo que ha propuesto que de alguna manera priorice los fondos para la conservación de la biodiversidad a las comunidades autónomas que cumplen los objetivos de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Veneno.